La justicia frenó en seco a un alcalde que habría aprovechado su cargo para sacar dinero de un proyecto inmobiliario. El Juzgado 56 Penal Municipal acogió las pruebas presentadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción y ordenó su captura y reclusión mientras avanza la investigación formal.

Según el expediente judicial, el mandatario habría montado un esquema de corrupción desde junio de 2025. La historia comienza con una exigencia: que la representante legal de la empresa contratara a una persona específica para tramitar los permisos de construcción. Esa persona terminó ganando cerca de 48 millones de pesos durante once meses sin que hubiera un trabajo justificado que explicara su salario.

El punto de quiebre llegó en marzo de 2026. Según las investigaciones, el alcalde le envió mensajes de voz a la empresaria exigiéndole 112 millones de pesos, que correspondían al veinte por ciento del valor de la licencia de construcción. Era prácticamente un soborno directo. Cuando ella se negó a pagar, el alcalde actuó como si nada: expidió una resolución el 6 de marzo que rechazó la licencia y castigo a los inversionistas con una multa de 232 millones de pesos.

El CTI lo capturó y lo trasladó al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Durante la audiencia ante el juez, el alcalde negó todos los cargos y se declaró inocente. Pero el magistrado encontró argumentos de peso para mantenerlo recluido: consideró que existe peligro para la comunidad y riesgo de obstrucción a la justicia. Por eso ordenó su ingreso a un establecimiento carcelario mientras el proceso sigue su curso.