Con las elecciones legislativas y presidenciales a la vuelta de la esquina, Bogotá se enfrenta a una preocupación que va más allá de las campañas políticas tradicionales: la interferencia de grupos armados ilegales que buscan controlar territorios clave de la capital. La defensora del Pueblo, Iris Marín, encendió las alarmas al señalar que las localidades de Santa Fe y Los Mártires son los puntos más críticos, donde dos organizaciones criminales se disputan el control de estas zonas con métodos cada vez más violentos.

La batalla entre el Tren de Aragua y el Clan del Golfo no es simplemente por dinero sucio. Según explicó Marín, esta confrontación tiene consecuencias directas en la capacidad que tienen los ciudadanos para votar libremente. Los grupos criminales están usando tácticas intimidantes: "Especialmente en las localidades de Santa Fe y Los Mártires, donde existe una disputa territorial entre el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, que está relacionada con el uso, por ejemplo, de artefactos explosivos, también todo el tema de extorsión, extracción en negocios locales, y han intimidado campañas de sectores alternativos y han marcado fachadas dentro de estas localidades", explicó la funcionaria.

Lo que está en juego es la integridad del proceso electoral. Las marcaciones de casas, las amenazas contra candidatos alternativos y la extorsión sistemática a negocios no son solo actos de criminalidad común: son mensajes de poder que buscan controlar quién puede votar, quién puede hacer campaña y quién puede vivir en paz en esas zonas. La Defensoría advierte que estas prácticas pueden traducirse en una presión directa o indirecta sobre votantes y campañas políticas, "afectando el libre ejercicio del derecho al sufragio".

Aunque Marín fue clara en que por ahora la incidencia electoral directa en Bogotá corresponde únicamente a estos dos grupos, también recordó que existen otras amenazas en el horizonte. El oriente de la ciudad funciona como corredor de paso para prácticamente todos los grupos armados ilegales que operan en el país. "Hay unas alertas vigentes en Bogotá que muestran que el corredor, sobre todo el oriente de Bogotá, es un corredor de paso de la mayoría o de todos los grupos armados, porque es una zona de paso entre diferentes regiones del país. Y en la medida en que sea necesario, a veces, intimidan a población de esa zona para poder adelantar, por ejemplo, pasos de mercancía o ese tipo de cosas", indicó.

En este contexto sensible del calendario democrático, los organismos de control han insistido en que se refuerce la presencia institucional en Santa Fe y Los Mártires, que se garantice la seguridad de candidatos y testigos electorales, y que se prevenga cualquier forma de intimidación al votante. El llamado de la Defensoría es contundente: "El llamado de la Defensoría es a fortalecer las medidas de prevención y a que la ciudadanía denuncie cualquier intento de intimidación que ponga en riesgo la transparencia del proceso democrático en la capital".