La seguridad en el transporte público de Bogotá vuelve a estar en la mira después de que la Policía Metropolitana y el Gaula revelaran cifras preocupantes. Un análisis de antecedentes penales realizado sobre 500 conductores de taxi mostró que aproximadamente 300 de ellos, es decir el 60 por ciento, tienen algún tipo de registro penal o anotación judicial. Los datos provinieron de bases de información que algunas empresas del sector suministraron voluntariamente para la verificación.

Esta investigación surgió como respuesta a una ola de delitos graves relacionados con el transporte público. El detonante principal fue la crisis de seguridad generada por los llamados paseos millonarios, particularmente el secuestro de Diana Ospina y el asesinato del docente Neil Cubides. De hecho, el alcalde Carlos Fernando Galán ha señalado que, conforme a las investigaciones, el mismo taxi fue utilizado en ambos crímenes. Eso encendió las alarmas sobre quién anda detrás del volante en la ciudad.

Sin embargo, la Policía y la Secretaría de Seguridad han dejado claro que hay que tomar estas cifras con cuidado. La verificación se hizo sobre una muestra específica de 500 nombres que las empresas entregaron voluntariamente, no sobre la totalidad de taxistas bogotanos. Las autoridades enfatizaron que el objetivo fue apoyo en investigaciones judiciales en curso, no crear una estadística general que estigmatice a miles de conductores honestos que trabajan día a día.

Pero los hallazgos sirvieron para que las autoridades propusieran acciones concretas. Una de las principales es solicitar al Ministerio de Transporte la creación de un registro nacional donde se revisen los antecedentes penales y se impida que personas con condenas trabajen en transporte público. La administración distrital también propuso que los taxis utilizados para cometer delitos sean objeto de extinción de dominio inmediata, con el dinero destinado a indemnizar a las víctimas.

Las autoridades también hicieron un llamado directo a las empresas de transporte para que implementen procesos de contratación más rigurosos. Al fin y al cabo, dijeron, quienes suben a un taxi tienen sus vidas en manos de esos conductores. La invitación es clara: revisar más cuidadosamente a quién se le da la responsabilidad de llevar pasajeros.