En Riohacha nace un nuevo espacio pensado en la gente. Air-e Intervenida y la Universidad de La Guajira firmaron un convenio para abrir un consultorio jurídico gratuito enfocado en quienes necesiten orientación sobre el servicio de energía eléctrica. Es una alianza que busca acercar el acompañamiento legal a la comunidad y resolver dudas sobre trámites, derechos y procedimientos administrativos relacionados con la prestación de este servicio público.

El proyecto involucra a 20 estudiantes del programa de Derecho de la universidad y 13 miembros del personal administrativo del Consultorio Jurídico. Todos están recibiendo una formación especializada sobre cómo funciona el servicio de energía, atención al usuario y los procedimientos legales que necesita conocer la comunidad. Desde junio, profesionales de Air-e Intervenida han estado capacitándolos en temas clave como peticiones, quejas, reclamos, derechos de petición y los términos legales para presentar recursos.

A partir de agosto, estos estudiantes estarán trabajando en las oficinas comerciales de Air-e Intervenida en Riohacha. Allí funcionará un consultorio donde la gente podrá recibir asesoría gratuita sobre sus gestiones relacionadas con el servicio eléctrico. Es decir, orientación sobre cómo presentar solicitudes, cómo reclamar si algo no funciona bien, y cuáles son exactamente los derechos del usuario ante la empresa.

Para los estudiantes de Derecho, esta es una oportunidad valiosa. Podrán hacer sus prácticas académicas enfrentándose a casos reales, aprendiendo sobre servicios públicos domiciliarios y mejorando sus habilidades en atención ciudadana. Es la clase de experiencia que no siempre se consigue en un aula.

Desde la perspectiva de Air-e Intervenida, el convenio responde a un objetivo más amplio: acercar la institución a la comunidad, mejorar la transparencia y fortalecer la relación con los usuarios. Al tener a estos abogados en formación disponibles, la empresa también refuerza su imagen de estar cercana y dispuesta a ayudar.

Lo que quedó claro en esta alianza es que cuando la academia y el sector de servicios públicos trabajan de la mano, la comunidad es la que gana. Los riorachenses tendrán acceso a información legal de calidad sin tener que pagar por ella, y los futuros abogados aprenderán desde la realidad.