La costa Caribe despierta este miércoles con un golpe directo al bolsillo. AIR-E, la empresa de servicios públicos que está bajo intervención del Estado, confirmó que a partir de junio la tarifa de energía subirá 5,5%, una decisión que afectará directamente a más de cinco millones de usuarios distribuidos entre Atlántico, Magdalena y La Guajira. Para ponerlo en perspectiva, significa que cada kilovatio hora costará $44,15 más que ahora, pasando de $796 a $840,15.

Según informó la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Costa Caribe, este incremento obedece a que AIR-E aumentó sus costos en generación, transmisión y pérdidas reconocidas dentro de su estructura tarifaria. La noticia llega después de varios meses en los que la tarifa se mantuvo congelada, una tregua que había llegado gracias a la presión de los ciudadanos y a medidas cautelares del Tribunal Administrativo del Atlántico. Pero lo que muchos no sabían es que ese alivio temporal era apenas la mitad de la historia.

La Liga de Usuarios fue clara en señalar que el verdadero problema sigue ahí, intacto: existe una sobretasa del 20% en la comercialización del servicio que sigue castigando el bolsillo de los costeños. Si esa sobretasa desapareciera, la factura de cada kilovatio hora podría bajar hasta $50, un alivio considerable para familias que ya están apretadas.

El panorama se complica más porque el destino de AIR-E sigue siendo incierto. El Gobierno Nacional había baruntado la posibilidad de liquidar la empresa, pero el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aclaró que esa decisión será responsabilidad del próximo gobierno. Mientras tanto, los usuarios quedan a la deriva.

Ante esta encrucijada, la Liga de Usuarios insistió en que AIR-E necesita estabilización financiera con recursos públicos, tal como lo contempla la Ley 142 de 1994 para empresas intervenidas. La organización confía en que la próxima administración no solo evalúe opciones para garantizar que el servicio eléctrico siga funcionando en la Costa, sino que también busque aliviar la carga insostenible que ya soportan las familias costeñas.