La alarma en el sector energético colombiano es cada vez más fuerte. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), reveló cifras que ponen en evidencia la profundidad de la crisis financiera que atraviesa Air-e. A mayo de 2026, la deuda acumulada de la empresa distribuidora del Caribe alcanza los $2,4 billones, pero lo más preocupante es lo que vendrá: se estima que para diciembre superará los $3 billones. Ese incremento del 466% contrasta dramáticamente con los $530.000 millones que Air-e debía cuando el Gobierno decidió intervenir la empresa en septiembre de 2024.

Una parte significativa de esa deuda deja al descubierto una práctica que golpea directamente a las empresas generadoras: hay más de $906.000 millones en energía que las plantas térmicas ya produjeron y entregaron a Air-e, pero no han recibido un peso a cambio. Ese dinero está congelado por las medidas regulatorias que acompañaron la intervención. Para colmo, Termocandelaria ya pasó del reclamo privado a las cortes internacionales, presentando una demanda ante el Ciadi (Banco Mundial) por US$198,4 millones.

El gremio también señala un problema de gestión que raya en lo caótico. Air-e ha tenido seis administradores diferentes en un período muy corto. Por esa oficina han pasado Carlos Diago, Edwin Palma (quien ahora es ministro de Minas y Energía), Diana Bustamante, Nelson Javier Vázquez, Tania Peñaranda y actualmente Jaime Mesa Huitrago. Esa rotación constante ha generado una desconexión profunda. Castañeda fue claro al señalar: "desde el día uno de la intervención brilló por su ausencia un plan del Gobierno Nacional para obtener recursos, inyectarle caja a la empresa y lograr su salvamento". Incluso admitió que no mantiene contacto con el actual interventor.

La situación toma un cariz aún más delicado cuando se cruzan las cifras financieras con las climáticas. Los pronósticos meteorológicos indican que hay más del 82% de probabilidad de que El Niño se consolide en julio de 2026, con riesgo de que sea un evento muy fuerte. Si eso ocurre, los embalses del país se secarían y Colombia dependería casi completamente de la energía que puedan generar las térmicas. Pero aquí viene lo crítico: esas plantas tienen retenidos cerca de $1,5 billones en el mercado general por culpa de Air-e, y sin esa liquidez no podrán comprar los combustibles (gas y carbón) necesarios para seguir operando.

Los intentos estatales por frenar el agujero financiero han resultado insuficientes. El Gobierno aprobó un cobro adicional de $8 por kilovatio-hora en los estratos 4, 5 y 6, que aportaría apenas $40.000 millones. Es una cifra que el sector comercial considera "paños de agua tibia" frente a la magnitud real del problema.

Mirando hacia el futuro tampoco hay tranquilidad. Andeg advierte que la subasta de energía que impulsó el Ministerio de Minas para 2029 y 2030 no cierra la brecha. Incluso con los nuevos proyectos, el déficit entre lo que se necesita y lo que se puede producir apenas bajará del 6% al 4%, pero se proyecta que vuelva a crecer hasta el 7% en 2031. El gremio es tajante: el país necesita urgentemente entre 2.000 y 4.000 gigavatios-hora adicionales por año para evitar que el sistema eléctrico colapse de manera estructural.