La decisión judicial generó indignación en Medellín. Un hombre quedó en libertad condicional tras agredir a una empleada de hotel, a pesar de que la Fiscalía General de la Nación había solicitado que fuera enviado a prisión preventiva. Durante las audiencias preliminares, los fiscales legalizaron la captura, imputaron cargos por lesiones personales y pidieron al juzgado medida de aseguramiento intramural dada la gravedad del ataque. Sin embargo, el juez decidió otra cosa: impuso solo restricciones y orden de alejamiento.

El alcalde Federico Gutiérrez no se quedó callado. "La Policía hizo su trabajo al capturarlo, la Fiscalía legalizó la captura, imputó cargos y solicitó la medida intramural. Luego le dan libertad condicional con restricciones y órdenes de alejamiento. Con el debido respeto, no puedo estar de acuerdo. El sistema legal debe ser reformado. Las garantías deben ser para los ciudadanos y para las víctimas y no para los delincuentes y victimarios", expresó el mandatario.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, fue aún más contundente sobre lo ocurrido. Cuestionó la catalogación legal del caso como simple lesiones personales: "Ahí no podemos decir que hubo una riña, o que simplemente se trata en el tema de lesiones personales, los que todos vemos a la luz de nuestros ojos en esos videos es un ataque demencial brutal y bárbaro contra la integridad de esta mujer".

La decisión del juzgado se basó en dos argumentos específicos. Primero, que las lesiones causadas no superan los 10 días de incapacidad médica, lo que en términos legales reduce la clasificación del delito. Segundo, que el agresor presenta antecedentes psiquiátricos, factor que el juez consideró al momento de elegir medidas alternativas a la prisión.

Desde el sector legal, sin embargo, hay quienes defienden el proceder del juzgado. Diego Vallejo, abogado penalista, explicó que "realmente los jueces no pueden estar contaminados frente a las pretensiones de la sociedad, en este caso la cárcel, el juez tiene que valorar la constitución y las garantías de una persona que está inmersa en un proceso penal". Para los penalistas, la decisión respeta los estándares constitucionales, aunque la sociedad cuestione su aplicación en casos donde la violencia parece evidente.

Lo cierto es que el hombre continuará vinculado al proceso judicial en su contra, pero en condición de libertad mientras avanza la investigación.