Los números son preocupantes: en la primera vuelta presidencial de este pasado domingo se registraron ocho agresiones contra periodistas que cubrían las votaciones. Pero si se mira el panorama más amplio, la situación es aún más alarmante. Según un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa, las agresiones contra la prensa durante la cobertura electoral han aumentado un 227% en comparación con 2022. En total, entre el 1 de enero y el 31 de mayo se contabilizaron 59 episodios violentos o restrictivos relacionados con el cubrimiento de campaña y asuntos políticos.

El problema tiene un origen concreto: la falta de claridad en las disposiciones que emitió el Ministerio del Interior sobre el uso de cámaras y dispositivos de registro en las urnas. Ese vacío normativo tuvo consecuencias reales en el terreno. Jurados, funcionarios y miembros de la fuerza pública comenzaron a exigir acreditaciones que no contempla la ley, restringieron arbitrariamente el acceso a los puestos de votación y cuestionaron abiertamente el trabajo de los reporteros. Lo peor fue que muchos periodistas optaron por la autocensura por miedo a sanciones o expulsiones, justo el día en que más información debería fluir.

Para la FLIP, esto va más allá de un problema operativo. "El cubrimiento periodístico de las elecciones presidenciales es una garantía esencial para la transparencia, la deliberación pública y la confianza ciudadana en el proceso democrático. La labor de periodistas y medios de comunicación permite documentar el desarrollo de la jornada electoral, visibilizar eventuales irregularidades, contrastar información de interés público y contribuir a que la ciudadanía tome decisiones informadas", señaló la organización.

Con solo semanas para la segunda vuelta, la polarización entre los dos bandos ha alcanzado niveles críticos. En ese contexto, la FLIP lanzó un llamado urgente a instituciones, autoridades electorales y fuerza pública para que garanticen un entorno seguro. Pidió explícitamente que "los funcionarios se abstengan de imponer restricciones arbitrarias y faciliten el acceso de periodistas a los espacios de interés público relacionados con el proceso electoral. Las autoridades deben proteger a la prensa y asegurar que puedan desarrollar su trabajo sin presiones, intimidaciones ni interferencias indebidas".

Para evitar que se repita lo de la primera vuelta, la fundación pidió directamente al Ministerio del Interior que emita una nota aclaratoria sobre el Decreto 211 de 2026. Necesita explicar con precisión qué se permite sobre el uso de celulares y cámaras en los puestos de votación y cómo se acredita a medios y periodistas. Sin esa claridad, el riesgo de nuevas obstrucciones es alto.

Por último, la FLIP no se olvidó de los candidatos. Dirigió su llamado a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, instándolos a asumir un compromiso democrático genuino con el respeto hacia quienes cubrirán las elecciones del 21 de junio. En un contexto donde ninguno de los dos se ha enfrentado en debate, recordó que "quienes aspiran a ejercer la Presidencia, el cargo más importante de la Nación, no pueden estigmatizar a la prensa y deben rechazar cualquier agresión en su contra". Sin periodistas libres, la democracia simplemente no funciona.