La Aerocivil está en el ojo del huracán. Una investigación reveló problemas estructurales que van desde la insuficiencia de personal hasta irregularidades salariales que tienen ocupada a la Procuraduría. El panorama es preocupante: mientras aumenta exponencialmente el número de pasajeros en los aeropuertos del país, la entidad encargada de garantizar la seguridad aérea estaría operando con las manos atadas.

El déficit de controladores es quizá el aspecto más crítico. Un estudio interno de 2018 recomendó tener una planta de 799 controladores aéreos. Hoy, en 2025, la Aerocivil apenas cuenta con 715 trabajadores activos y 84 vacantes sin cubrir. Peor aún: aproximadamente 50 funcionarios no tienen certificaciones médicas o pruebas de inglés vigentes, requisitos indispensables para trabajar en operaciones. Mientras tanto, el aeropuerto El Dorado ha visto crecer su movimiento de pasajeros de 30 millones en 2018 a más de 50 millones en la actualidad. Expertos consultados por la Revista Semana señalan que el país necesitaría alrededor de 1.400 controladores para garantizar estándares adecuados de seguridad operacional. La brecha es enorme.

Las denuncias sobre organización de turnos añaden otra dimensión al problema. Aunque las normas internacionales recomiendan jornadas máximas de ocho horas, en Colombia el límite está fijado en seis. Sin embargo, registros internos citados por Semana indicarían que algunos controladores reorganizan sus horarios para trabajar apenas cuatro horas continuas, dejando en ciertos momentos a una sola persona a cargo de operaciones sensibles. Es un riesgo que no debería existir.

En el plano salarial, la polémica es igual de intensa. El Decreto 0315 de marzo de 2026 estableció un incentivo adicional del 154 por ciento para controladores asignados en Bogotá. Según documentos revelados, algunos funcionarios podrían recibir salarios cercanos a los 20 millones de pesos mensuales sumando bonificaciones y pagos adicionales. La investigación también expone que se asignarían beneficios teniendo en cuenta antigüedad, permanencia en planta o fueros sindicales, incluso a trabajadores que no estarían desempeñando funciones operativas efectivas.

Pero hay más. La Revista Semana aseguró haber accedido a registros que evidenciarían al menos 70 controladores aéreos con vínculos familiares directos dentro de la entidad, especialmente en cargos relacionados con asignación de turnos y horas extra. El nepotismo que denuncian parece sistémico.

A esto se suma que se habrían impuesto restricciones para ingresar nuevo personal: límites de edad, exigencias específicas de formación y barreras para aspirantes provenientes de la Fuerza Pública, justo cuando urge reforzar la planta. La Procuraduría mantiene seguimiento mientras crece la preocupación sobre la seguridad de millones de pasajeros que confían diariamente en el transporte aéreo colombiano.