La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia activó las alarmas por el crecimiento de fraudes en los procesos de insolvencia. Según Asobancaria, en los últimos dos años ha crecido significativamente el número de solicitudes irregulares utilizadas para evadir deudas con bancos, empresas y compañías de telecomunicaciones, algo que estaría coordinado por lo que denominan un 'cartel de la insolvencia'.

Aunque la insolvencia existe como un mecanismo legal legítimo para personas que realmente no pueden pagar sus obligaciones, el gremio señala que esta herramienta está siendo distorsionada. Detrás de estas prácticas fraudulentas operaría una estructura donde abogados y centros de conciliación trabajan de manera coordinada creando deudas ficticias para cumplir requisitos legales. También participan supuestos prestamistas conocidos como 'quiroamigos', que aparecen repetidamente en múltiples casos y algunos con antecedentes judiciales.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, fue directo en su advertencia: "Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia (…) lo que genera consecuencias para los implicados como la pérdida de confianza, el reporte a las centrales de riesgo, barreras de acceso al crédito e incluso consecuencias penales". El gremio identificó patrones claros de coordinación entre abogados y centros de conciliación que tramitan solicitudes con inconsistencias de forma repetida.

Las consecuencias legales pueden ser severas. Quienes participen en estas prácticas enfrentan delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento. El abogado penalista Iván Cancino fue enfático: "Los abogados, las personas que se declaran en insolvencia haciendo trampa y los prestanombres (…) incurren en conductas punibles y se pueden ver inmersos en delitos (…) Si son condenados pueden terminar en la cárcel". El Instituto Colombiano de Derecho Concursal agregó que los profesionales del derecho involucrados pueden perder su tarjeta profesional y enfrentar sanciones disciplinarias.

Más allá de las consecuencias individuales, Asobancaria advierte que estos fraudes afectan a toda la sociedad. Deterioran la confianza en el sistema, endurecen las condiciones para acceder al crédito y hacen que los intereses suban. El gremio hizo un llamado a las autoridades para que fortalezcan los controles y a los ciudadanos para que usen responsablemente los mecanismos legales disponibles.