Los residentes médicos en Colombia enfrentan nuevamente problemas con sus pagos. La Administradora de Recursos del Sistema de Salud, conocida como Adres, confirmó que durante febrero hubo retrasos en los desembolsos a estos profesionales, pero no por falta de dinero, sino por algo más elemental: las universidades están enviando información incompleta o con errores al Ministerio de Salud.

La historia es recurrente. Aunque los recursos para pagar a los residentes están disponibles en el sistema, todo se detiene en los filtros de validación. Cada vez que una universidad reporta datos con inconsistencias, el proceso se congela hasta que esas novedades se corrijan. Adres divulgó un listado de instituciones académicas que tienen registros pendientes por subsanar, y el panorama es bastante disperso entre varias universidades grandes del país.

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud encabeza la lista con 44 casos que necesitan ajustes. Detrás vienen la Universidad Militar Nueva Granada con 36 registros, la Universidad Metropolitana con 34, la Universidad Javeriana con 31 y la UDCA con 29. También están en la lista la Universidad de La Sabana con 15, Unisalud con 14, la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas con 13 y la Universidad de Antioquia con 12 registros pendientes.

Lo interesante es que los retrasos no se concentran en una sola institución. Están repartidos entre múltiples universidades, lo que sugiere un problema más sistémico en cómo se están reportando los datos de los residentes médicos. Adres explicó que las demoras ocurren principalmente cuando las instituciones no envían la información dentro de los plazos establecidos o cuando lo hacen pero con errores que hay que corregir antes de girar el dinero.

La entidad reiteró que el efectivo para estos pagos está asegurado, pero pidió a las universidades que extremen cuidados con la calidad de sus reportes. Es un llamado a mejorar los procesos administrativos en las facultades de medicina, porque cada error en los registros termina afectando directamente el bolsillo de los residentes que ya de por sí tienen salarios muy ajustados. Cabe recordar que desde 2020, cuando entró en vigencia la Ley de Residentes, se reconoce oficialmente el pago de salarios a estos profesionales en formación, un derecho que ahora parece estar en peligro por problemas burocráticos en las instituciones educativas.