Todo cambió en cuestión de horas para tres hermanos de 4, 7 y 15 años que estaban viviendo prácticamente sus últimos días antes de ser adoptados por una pareja estadounidense. Lo que parecía ser una situación familiar cotidiana dentro de un apartamento en Bogotá fue interpretado por vecinos como un posible abuso sexual, generando una denuncia que se propagó rápidamente en redes sociales hasta convertirse en tendencia nacional.

Pero después de las valoraciones médicas, las entrevistas con autoridades y los exámenes de Medicina Legal, el ICBF confirmó lo que profesionales de protección de menores esperaban: no hubo violencia sexual contra los niños. El proceso de integración, que es esa etapa final de siete días donde los menores conviven con los padres adoptivos bajo supervisión antes de la declaratoria definitiva ante un juez, fue interrumpido abruptamente.

Según la directora del ICBF, Astrid Cáceres, en declaraciones a Blu Radio y EL TIEMPO, todo comenzó dentro del apartamento por algo completamente normal entre hermanos. Una de las niñas dañó un juguete, el menor de siete años se molestó, y el padre adoptante lo llevó al balcón para ayudarlo a tranquilizarse y respirar mejor. "Las entrevistas realizadas por el CTI, el hospital, los trabajadores sociales y el ICBF apuntan a que se trataba de una situación familiar", explicó Cáceres a EL TIEMPO. Lo que nadie esperaba era que la escena fuera malinterpretada desde el exterior.

La barrera del idioma complicó todo aún más. El estadounidense no entendía español y no comprendía lo que le gritaban desde la calle. Fue la adolescente de 15 años, ya integrada a la familia adoptiva, quien tuvo que traducir los gritos e insultos de los vecinos. "Es la niña la que tiene que terminar traduciéndole a ellos lo que está gritando la gente", relató la directora. Esa situación se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los equipos que acompañan a los menores.

Ahora el ICBF enfrenta un desafío diferente: sanar el daño emocional producido por la ruptura de un proceso que llevaba años construyéndose. Los niños ya veían a los adoptantes como sus padres. Psicólogos, trabajadores sociales y defensores de familia deben evaluar si las condiciones emocionales permiten retomar el trámite y, más importante, cómo reconstruir la confianza fracturada. "La mayor afectación ha sido la ruptura del proceso que llevaba con el vínculo con la familia", señaló Cáceres.

Los menores están actualmente bajo el cuidado del ICBF en un servicio de protección después de recibir atención médica en el Hospital Simón Bolívar. Hay una manifestación inicial de interés de la familia estadounidense en continuar con la adopción, pero la decisión final dependerá de las evaluaciones profesionales y, principalmente, del interés superior de los niños. Si avanzan, todo tendrá que retomarse desde la fase de integración nuevamente.

Cáceres fue enfática al advertir que "la exposición pública puede causar mucho daño", recordando que los niños ya tuvieron que someterse a entrevistas y exámenes médicos como consecuencia de acusaciones que resultaron falsas. Sin embargo, también reconoció la importancia de las alertas ciudadanas cuando hay sospechas genuinas de vulneración de derechos, aunque hizo un llamado a no sacar conclusiones antes de que actúen las autoridades competentes.