Una grabación que circuló este lunes en redes sociales ha puesto el foco en la Unidad Nacional de Protección (UNP). En el video, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un supuesto vocero del grupo armado señala que algunos integrantes de los esquemas de seguridad estarían pasando información sobre las personas que protegen. Las publicaciones que acompañan la grabación van más lejos y afirman que esos datos terminarían en manos del Clan del Golfo y de disidencias de las Farc.

Lo delicado del asunto es que, de ser cierto, estaríamos ante un quiebre de seguridad que podría poner en peligro real a líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y otros ciudadanos que dependen de la protección estatal. Estas personas ya enfrentan amenazas constantes, y enterarse de que sus propios escoltas podrían estar filtrando su información suena como un pesadilla para la seguridad nacional.

Sin embargo, es importante dejar claro que hasta ahora nada de esto ha sido confirmado por las autoridades competentes. Medios nacionales intentaron obtener una respuesta de la UNP, pero la entidad no emitió un pronunciamiento oficial sobre el contenido del video. El silencio, en este tipo de situaciones, alimenta la incertidumbre y las sospechas.

El momento en que surge esta denuncia añade otra capa de complejidad. Está sucediendo justamente durante el proceso de transición entre el Gobierno saliente y el entrante, periodo en el cual la UNP ya había sido cuestionada por cambios en su personal y nuevos nombramientos. Esto genera dudas sobre cómo se está manejando una institución tan crítica para la protección de personas en riesgo.