Un video grabado durante la protesta del 21 de mayo en Bogotá muestra el momento en que un grupo de personas vandalizaba la sede de campaña de Paloma Valencia en Chapinero. Entre ellos estaría Sergio Alberto Bustos, identificado presuntamente por una bufanda roja y blanca que llevaba ese día. En las imágenes se le ve jalando una pancarta con las caras de la candidata y su fórmula vicepresidencial que estaba en la fachada del edificio.

Lo que comenzó como una acusación contra un activista cercano al Pacto Histórico tomó otro cariz cuando el congresista electo Daniel Briceño denunció públicamente que Bustos tiene un contrato vigente en la UNGRD. A través de redes sociales, Briceño cuestionó al director de la entidad, Carlos Carrillo, con un mensaje directo: "Señor Carlos Carrillo, ¿Usted va a permitir que esto quede impune?", acompañado de documentos y fotografías del acusado junto a figuras del movimiento petrista como María José Pizarro e Iván Cepeda.

El contrato en cuestión estipula un presupuesto superior a 53 millones de pesos, con pagos mensuales de 5.300.000 pesos hasta el 6 de agosto de 2026. El dinero proviene del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La senadora María José Pizarro salió al paso de las acusaciones negando cualquier relación con Bustos. Explicó que el hombre ha visitado el Congreso por temas de la "agenda campesina" en su calidad de miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y que simplemente han coincidido en espacios durante la campaña presidencial.

Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático, fue contundente en su respuesta: "El Centro Democrático denunciará penalmente a este funcionario del gobierno que le gusta vandalizar sedes políticas obedeciendo órdenes de Cepeda y Petro".

Hasta el momento, ni Bustos ni Carlos Carrillo se han pronunciado sobre los hechos. Sin embargo, desde la campaña de Paloma Valencia y la colectividad opositora insisten en que "estos hechos evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia" y exigen investigaciones a las autoridades. El alcalde Carlos Fernando Galán también rechazó los actos, afirmando que "atacar una sede política no es manifestación social: es violencia".