Una investigación realizada por La FM sacó a la luz que uno de los responsables de la vandalización contra la sede de campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en Bogotá es un activista cercano al Pacto Histórico. El descubrimiento complica la narrativa que congresistas y dirigentes del movimiento petista habían tejido, sugiriendo que se trataba de un "autoatentado" para victimizarse políticamente.

Se trata de un miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) que hace campaña activa a favor del senador Iván Cepeda y su compañera de fórmula Aida Qulcué. El hombre participó en la movilización del petrismo realizada el 21 de mayo en la capital, durante la cual no solo se vandalizó la sede del Centro Democrático, sino que también hubo daños contra bancos y establecimientos comerciales. Una bufanda rojo y blanco que portaba ese día fue clave para identificarlo en los videos que circularon. En las grabaciones se ve al activista junto a otras dos personas jalando una pancarta con los rostros de Valencia y su fórmula que estaba sobre el edificio.

Incluso se tiene registro de que el concejal bogotano Papo Amín publicó videos mostrando a la senadora María José Pizarro participando en esa marcha del petrismo. Cuando La FM cuestionó a Pizarro sobre estos hechos, ella aseguró que no tiene relación con el sujeto, que lo conoce únicamente por visitas que él ha hecho al Congreso por temas de "agenda campesina" y que simplemente han coincidido en espacios durante la campaña presidencial.

La campaña de Valencia y el Centro Democrático respondieron con un comunicado afirmando que "estos hechos evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia" y solicitaron que se adelanten investigaciones con el establecimiento de medidas de protección para "todos los actores políticos del país".

El alcalde Carlos Fernando Galán fue claro en su rechazo: "atacar una sede política no es manifestación social: es violencia". También fue blanco de ataques ese día la sede del partido Mira, que fue pintada con mensajes ofensivos. Galán catalogó lo ocurrido como "un ataque a la democracia" e hizo un llamado al Gobierno Nacional para que expida una orden pública que permita a la policía y al Ministerio Público acompañar las manifestaciones y proteger tanto a quienes protestan como a los que no participan en movilizaciones.

Mira rechazó "de manera categórica" los actos vandálicos contra su sede, adviriendo que representan "una agresión contra la convivencia, el respeto por la diferencia y la democracia".