Activista del Pacto Histórico acumula más de 400 millones en contratos estatales mientras hace campaña
Darwin Galvis Mateus, simpatizante de Iván Cepeda, mantiene siete contratos vigentes con entidades del Estado que suman más de 400 millones de pesos en 2026. El mayor contrato es con la Aeronáutica Civil por más de 119 millones. Mientras ejecuta estos compromisos, el activista promueve activamente la candidatura presidencial en redes sociales, lo que genera cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en campaña.
En medio de la recta final de la carrera presidencial, emerge una nueva polémica que pone en la mira la relación entre dineros del Estado y activismo político. Se trata de Darwin Galvis Mateus, militante del Pacto Histórico y vocal simpatizante de la candidatura de Iván Cepeda, quien ha acumulado contratos de prestación de servicios que superan los 400 millones de pesos con diferentes instituciones públicas este año.
Denuncias en redes sociales alertaron sobre la situación, y al revisar el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) se confirmó que Galvis ejecuta de manera simultánea siete contratos vigentes. El contrato más jugoso proviene de la Aeronáutica Civil, valorado en 119 millones de pesos aproximadamente. Según los registros públicos, el objetivo de este acuerdo es "prestar servicios profesionales para gestionar los procesos de contratación en todas sus etapas y modalidades relacionadas con los proyectos de inversión asociados", con una duración de 332 días que se traduce en honorarios mensuales cercanos a 10,8 millones de pesos.
No es la primera vez que Galvis aparece en nóminas del Estado. De acuerdo con la plataforma de la Función Pública, estuvo vinculado contractualmente con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) entre abril y diciembre de 2025.
Lo que ha generado más inquietud es la intensa actividad política que Galvis despliega simultáneamente en sus redes sociales, donde publica videos a favor de Cepeda y promueve la continuidad del Gobierno actual. Esto ha encendido alarmas en distintos sectores del país.
Aunque la ley colombiana no prohíbe de manera explícita que los contratistas expresen sus preferencias políticas, los organismos de control han sido enfáticos en señalar que está vedado utilizar el tiempo y los recursos públicos para hacer campaña electoral. Este caso deja nuevamente en evidencia los límites difusos que existen entre la contratación estatal y el uso de recursos para actividades proselitistas, especialmente en momentos tan sensibles como una contienda presidencial.
Fuente original: Hora 13 Noticias