En el calor de la segunda vuelta presidencial, salió a la luz que Darwin Galvis Mateus, militante del Pacto Histórico y promotor activo de la campaña de Iván Cepeda en redes sociales, es titular de siete contratos con diferentes entidades del Estado durante este año. En conjunto, esos contratos movilizan más de $400 millones en recursos públicos. La denuncia circuló en redes sociales después de que alguien revisara el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) y encontrara esta acumulación de vínculos simultáneos.

Galvis, quien fue excandidato a la alcaldía del Socorro en Santander, ejecuta estos contratos de prestación de servicios en paralelo con distintas instituciones públicas. El más jugoso está con Aerocivil, por casi $120 millones, para "Prestar servicios profesionales para gestionar los procesos de contratación en todas sus etapas y modalidades relacionadas con los proyectos de inversión asociados". Este contrato de 11 meses le genera cerca de $10,8 millones mensuales. Además, según consta en la página de la Función Pública, tuvo otro con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) que corrió desde abril hasta diciembre de 2025.

Lo que causa ruido no es solo que un contratista del Estado exprese abiertamente sus preferencias políticas. La ley permite eso. El problema está en dos cosas: primero, la cantidad de contratos que maneja simultáneamente, y segundo, que los organismos de control advirtieron en repetidas ocasiones que los recursos y el tiempo pagados por el Estado no pueden convertirse en munición de campaña. En redes sociales, Galvis publica varios videos apoyando a Cepeda y la continuidad del Gobierno actual.

El caso toca una llaga que sangra en esta contienda electoral: las acusaciones mutuas entre campañas sobre el uso de la estructura estatal para hacer política. Hasta ahora Galvis no se ha pronunciado sobre la denuncia, pero el episodio se suma a un ambiente enrarecido donde predominan cuestionamientos sobre participación política irregular, contratación pública y desvío de recursos del erario durante la campaña. La pregunta que flota es cuántos más contratistas del Estado estarán haciendo proselitismo en este momento sin que se haya destapado.