El nombre del hombre acusado es Cristian Camilo Valencia Hurtado. Él fue identificado como responsable de acabar con la vida de Deisy Granados Arboleda, su pareja de 42 años, y de Karen Penagos Granados y Daniela Penagos, hijastras de 20 y 17 años respectivamente. Este miércoles aceptó ante un juez los cargos de feminicidio agravado que la Fiscalía General de la Nación le imputó por los tres asesinatos cometidos en Bogotá.

La tragedia quedó expuesta cuando familiares, preocupados por no recibir noticias desde el viernes 20 de marzo, acudieron a la vivienda ubicada en el barrio Bosa el martes 24 del mismo mes. Con apoyo del Cuerpo de Bomberos y la Policía, hallaron los tres cuerpos sin vida dentro de la casa. Las mujeres fueron atacadas con un arma cortopunzante, en un espacio donde no tenían forma de escapar. Valencia Hurtado fue encontrado en el mismo lugar con signos de envenenamiento e intentos de suicidio que no resultaron fatales.

La fiscal encargada del caso explicó el contexto del crimen de manera contundente: "La violencia estaba basada en género, marcada por relaciones de poder y una celotipia enfermiza". Valencia Hurtado convivía con Deisy desde hace más de diez años y mantenía un control posesivo extremo que afectó también a las dos jóvenes. Lo que debía ser un hogar seguro se convirtió en un espacio dominado por el miedo y la dominación.

Lo más preocupante es que este crimen no sorprendió sin antecedentes. La Fiscalía confirmó que Deisy Granados había interpuesto denuncias previas por maltrato y amenazas. A pesar de esos reportes y de los mecanismos de protección que deberían haber actuado, el desenlace fue letal. Esto plantea interrogantes serias sobre la capacidad institucional para prevenir tragedias como esta.

Durante la audiencia, la Fiscalía destacó que la conducta de Valencia Hurtado fue dolosa, es decir, que actuó con intención clara de cometer los crímenes. Con la aceptación de los cargos, la investigación avanzará más rápido en el sistema judicial. Valencia Hurtado enfrentará una pena de hasta 500 meses de prisión, lo que equivale a más de 41 años de cárcel, según lo establecido en el Artículo 104A del Código de Procedimiento Penal para quienes causen la muerte de una mujer por su condición de género.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre lo sucedido y manifestó: "A la familia de las mujeres asesinadas, a sus amigos y a la comunidad de Bosa, toda nuestra solidaridad. Estamos apoyando a la Policía y a la Fiscalía para que se esclarezca lo sucedido y se garantice que el responsable pague en la cárcel". Este caso reabre el debate sobre la efectividad real de las medidas de protección contra la violencia intrafamiliar y de género en la ciudad.