El próximo presidente tendrá que enfrentar uno de los retos más complejos de su administración: rescatar un sistema de salud que atraviesa su peor momento desde la Ley 100 de 1993. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) no se quedó esperando y presentó una propuesta de emergencia que busca guiar esos primeros pasos cruciales, advirtiendo que primero hay que apagar el fuego antes de pensar en reconstruir la casa.

El panorama es complicado. Pacientes represados sin recibir atención, procedimientos médicos retrasados, medicamentos que no llegan a tiempo y una deuda gigantesca entre EPS, clínicas y proveedores conforman el caldo de cultivo de una crisis que salpica a todo el sector. Acemi propone comenzar por lo más urgente: atender a quienes más lo necesitan. Para ello, sugiere dividir la atención en tres niveles. Los casos más críticos requieren respuesta en máximo 72 horas. Un segundo grupo necesita atención prioritaria dentro de tres meses. El tercer nivel agrupa procedimientos y consultas que pueden esperar un poco más.

Como eje central de la propuesta, Acemi sugiere crear un Puesto de Mando Unificado Nacional por la Salud que funcione desde el primer día del nuevo gobierno. Esta estructura estaría liderada por el Ministerio de Salud, con participación de la Superintendencia de Salud, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Su misión sería tomar decisiones rápidas, eliminar trabas administrativas y hacer seguimiento constante a los casos críticos. El comando también tendría tableros de control para monitorear cómo están desempeñándose las EPS y cómo evoluciona la atención en diferentes regiones.

Hay también un plan intensivo de 90 días enfocado en recuperar a pacientes con enfermedades complejas cujos tratamientos fueron interrumpidos. Se trata de identificar a esas personas, reorganizar sus citas médicas y darle prioridad a patologías como cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedad renal y trastornos mentales. Un aspecto crítico que el gremio subraya es que la falta de medicamentos no es un problema administrativo menor: suspender tratamientos genera complicaciones médicas que terminan saturando los servicios de urgencias.

En el lado financiero, el panorama es de esos que quitan el sueño. Acemi calcula que para 2026 se necesitan más de 9 billones de pesos adicionales solo para cubrir ajustes en la UPC (Unidad de Pago por Capitación, el dinero que reciben las EPS por cada afiliado), presupuestos máximos y compromisos acumulados. Pero hay más: entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit de más de 34 billones de pesos que debe enfrentarse con un plan gradual de saneamiento de deudas para garantizar pagos a hospitales, clínicas, proveedores y trabajadores.

Un punto particularmente delicado concierne a las EPS que actualmente están intervenidas por el Estado. Acemi considera que varias tienen problemas financieros y operativos graves y propone reemplazar a los interventores actuales e realizar diagnósticos técnicos que permitan decidir si deben liquidarse o si pueden recuperarse.

Para Acemi, la recuperación del sistema no depende únicamente de meter más dinero. "La capacidad institucional para coordinar decisiones y garantizar resultados medibles" es igualmente crucial. El objetivo final es claro: reducir tiempos de espera, asegurar que los tratamientos continúen sin interrupciones y devolver estabilidad financiera a todos los que hacen posible la salud en Colombia.