La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral levantó la voz contra los planes del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS que estén en quiebra. Para Acemi, esta medida no es la solución que Colombia necesita, sino todo lo contrario: "pone en riesgo la atención de millones de pacientes".

El principal problema, según la Asociación, es que los afiliados de esas EPS liquidadas probablemente terminarían en la Nueva EPS, una entidad que ya enfrenta dificultades severas. El Tribunal Administrativo de Antioquia fue claro hace poco: la Nueva EPS "no cuenta con capacidad financiera ni operativa para un aumento de su población afiliada". Trasladar a millones de personas allá sería, en palabras de Acemi, agravar una crisis que ya existe.

Acemi también cuestiona la efectividad de las intervenciones estatales. Aunque estas medidas deberían servir como rescate y protección para los usuarios, la realidad ha sido diferente: en las ocho EPS que el gobierno ha intervenido, "los indicadores financieros y de atención dan cuenta de un mayor deterioro patrimonial y operativo durante el periodo de intervención". Acemi lo atribuye al "reiterado incumplimiento del gobierno a las órdenes de la Corte Constitucional" en temas de financiamiento de salud.

Pero hay otro problema más profundo: ni siquiera está claro qué significa que una EPS esté "quebrada". Giovanni Jiménez, investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, explicó que esa figura no existe en las leyes colombianas. Lo más cercano sería cuando una aseguradora tiene patrimonio negativo. Como señaló Jiménez: "Así como lo dijo, serían las que él considere que están quebradas, entonces terminará siendo algo subjetivo del Ejecutivo. Y si son las que tienen patrimonio negativo, ahí entran casi todas". El exministro Alejandro Gaviria coincidió: las EPS intervenidas tienen patrimonio negativo casi todas, pero no hay claridad sobre el criterio que usaría Petro.

Hay un último pero fundamental: incluso si se lograra trasladar a los afiliados, el sistema no tiene músculo financiero para absorberlos. Las EPS reciben una Unidad de Pago por Capitación que no alcanza. Por cada 100 pesos que reciben, gastan hasta 115. Si aumentan sus afiliados sin ajustar esa prima, la presión financiera se haría insostenible.

Acemi hace un llamado final por lo que considera lo más importante: "la destrucción de las EPS no se trata simplemente de desaparecer entidades, sino del cuidado de vidas". Advierte que una medida de esta magnitud, además, llega en un momento delicado, pocos meses antes de que termine el gobierno Petro. Para la Asociación, lo prudente sería que el próximo gobierno dialogue de manera "mesurada y técnica" e implemente un plan estructurado que realmente estabilice la salud en Colombia.