Con ocho meses de trabajo colaborativo entre expertos, académicos, aseguradoras y autoridades territoriales, la Academia Nacional de Medicina llegó con una propuesta seria al nuevo gobierno. Le entregaron al equipo de salud del presidente electo Abelardo de la Espriella un documento que busca sacudir un sistema sanitario que hace años se tambalea entre deudas, desabastecimiento de medicinas y filas para citas que parece no tener fin.

El problema es claro: la salud colombiana está en crisis. Pero la Academia dice que la solución no puede depender de los caprichos políticos de cada gobierno que llega. Por eso Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia, fue directo al punto: "No debe haber un sistema de salud de gobierno, sino de Estado, y eso implica tener un plan de beneficios que el país pueda financiar en una proyección de al menos 30 años". Es decir, se necesita estabilidad de largo plazo, no parches de cuatro años.

La propuesta trae dos niveles de acción. Primero, un plan de choque inmediato que inyecte dinero directo para detener la sangría: atender los pacientes más graves, evitar que los hospitales sigan quebrándose y garantizar que la gente tenga sus medicinas. Esto sintoniza con la promesa que hizo De la Espriella en campaña de invertir 10 billones de pesos en el sistema para estabilizar.

Pero lo grueso viene en las reformas estructurales. La Academia propone un cambio radical: que el Estado sea el único asegurador del sistema a través de un fondo estatal. Las EPS (Entidades Promotoras de Salud), que hoy manejan la plata y los prestadores dicen que generan conflictos de interés, dejarían de ser financieras. Se convertirían en empresas que administran el riesgo y operan el sistema, cobrando según resultados que entreguen, no por el dinero que manejen. También quieren unificar los regímenes contributivo y subsidiado para que todos los colombianos accedan al mismo plan de beneficios, eliminando la inequidad que existe hoy.

En cuanto a la administración pública, piden fortalecer las instituciones: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Invima, Superintendencia de Salud y otras entidades que hoy están débiles. También advierten que hay que poner orden en la información y crear frenos anticorrupción porque, según Carrasquilla, hasta la cuarta parte de los recursos se pierde por ineficiencias y prácticas corruptas.

Sobre cómo se atiende a la gente, proponen armar redes integradas con hospitales públicos, privados y mixtos que trabajen unidos. Quieren fortalecer la atención primaria, ampliar la hospitalización en casa para ahorrar costos, y modelos especiales para zonas rurales que son las más olvidadas. También advierten que falta personal: médicos familiares, enfermeras y psicólogos están en déficit, con condiciones laborales precarias que frenan el desarrollo.

Lo interesante es que la Academia asegura que Colombia ya gasta entre 150 y 160 billones de pesos anuales en salud, equivalente al 9 por ciento del PIB. La plata está. El problema es cómo se distribuye y cómo se malgasta. Con tecnología también quieren ayudar: inteligencia artificial, telemedicina y otras herramientas para modernizar. Lo importante, dicen, es medir resultados en salud, no solo números administrativos.