La tensión entre el Gobierno y la rama judicial escaló esta semana cuando el Colegio de Abogados de Medellín salió a defender la independencia de los tribunales frente a los comentarios del presidente Gustavo Petro. Todo comenzó cuando el Consejo de Estado suspendió provisionalmente una medida del Gobierno que buscaba trasladar 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

La respuesta presidencial fue contundente. Petro acusó directamente al alto tribunal de frenar una decisión que respondería a la voluntad de los trabajadores. "El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los trabajadores", afirmó en ese momento. Luego subió el tono, vinculando la decisión con intereses del sector financiero: "Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores", sostuvo. Más recientemente, a través de la red social X, el mandatario agregó: "Respeten a quienes se han pasado la vida trabajando y tienen todo el derecho a que les paguen su pensión. Impedirlo es un poder ilegítimo y tiránico, solo motivado por el poder fáctico del dinero del que no tiene el derecho".

Es precisamente esta clase de pronunciamientos los que preocupan a los abogados capitalinos. Mediante un comunicado titulado "Las decisiones del Consejo de Estado hay que respetarlas y acatarlas", la gremial recordó que la separación de poderes es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Enfatizaron que "La separación de poderes no constituye una formalidad retórica ni un obstáculo para el ejercicio del gobierno. Es, por el contrario, uno de los pilares fundamentales de toda democracia moderna y una garantía indispensable para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. El respeto por las decisiones judiciales, aun cuando no se compartan, constituye un deber constitucional".

Los abogados advirtieron sobre los riesgos reales de este enfrentamiento. Señalaron que cuando se debilita la confianza en las instituciones judiciales, se pone en peligro el equilibrio democrático y el Estado de derecho. Por eso hicieron un llamado urgente a los dirigentes del país: "Colombia necesita hoy más que nunca dirigentes comprometidos con la defensa de las instituciones, la moderación del lenguaje público y el respeto por la autonomía de las ramas del poder público. La democracia no se protege debilitando a los jueces; se fortalece respetando la Constitución, las decisiones judicales y el equilibrio de poderes".

El Consejo de Estado también se pronunció en la misma línea. El tribunal advirtió al presidente que este tipo de ataques públicos puede generar estigmatización y presiones contra los magistrados que simplemente cumplen su deber conforme a la ley. Enfatizaron que aunque existe derecho a la libertad de expresión, ese derecho no debe convertirse en arma para desacreditar instituciones ni para comprometer la seguridad de los funcionarios judicales. Con una frase contundente, el tribunal resumió su posición: "A poderes mayores, mayores controles".