El debate sobre la libertad concedida a Sandra Ortíz por vencimiento de términos encendió los ánimos entre el abogado Iván Cancino y el magistrado Hermes Lara en La FM. Los dos expusieron visiones opuestas sobre cómo funciona el sistema penal colombiano y qué reformas se necesitan para que la justicia sea más rápida sin sacrificar los derechos de los acusados.

Cancino fue contundente al defender que existe un "desconocimiento absoluto del derecho penal" cuando se culpa a los abogados defensores por las libertades que se conceden por vencimiento de términos. Explicó que los jueces pueden descontar cualquier "maniobra dilatoria" que venga de la defensa o del acusado. Para el abogado, "el reloj procesal" es una garantía constitucional que protege a las personas de estar detenidas indefinidamente mientras el proceso avanza lentamente. Enfatizó que la detención preventiva "no puede ser un depósito humano mientras el expediente avanza lentamente" y que "la demora judicial jamás puede convertirse en una condena encubierta".

El abogado también cuestionó la presión que reciben los jueces de garantías por aplicar la ley. Dijo que esos magistrados "no pueden seguir siendo objeto de críticas cuando aplican la ley y defienden la Constitución". Cancino fue claro al señalar que "la libertad no expira porque el aparato judicial sea ineficiente" y que las normas vigentes ya existen para un proceso más rápido. Para él, el verdadero problema no es la ley, sino cómo se aplica.

Por su parte, Hermes Lara reconoció que el sistema judicial necesita cambios profundos y afirmó que Colombia "está en mora" de hacer una reforma integral al procedimiento penal. Sin embargo, cuestionó que personas recuperen su libertad en casos de "connotación nacional" mientras el sistema no priorice esos asuntos. Lara planteó la necesidad de procedimientos especiales para delitos de corrupción y casos de interés público. Para él, procesos que duran "10 y 15 años" no representan justicia y esa situación "es una burla para una democracia".

Aquí chocaron las posiciones. Cancino rechazó tajantemente la idea de crear tratamientos distintos según el impacto mediático de cada caso. Afirmó que "la justicia no debe distinguir" entre procesos de alta visibilidad y otros expedientes, y que todos los ciudadanos "deben tener igual capacidad de justicia". Para él, los procesados no están pidiendo favores, sino exigiendo "el cumplimiento de la Constitución".

Lara insistió en que "se requieren cambios estructurales y fundamentales" y mencionó ejemplos de otros países como Perú, Guatemala y El Salvador. También cuestionó que existan apenas "tres jueces de primera instancia" para casos de aforados del Congreso. Cancino cerró el debate reiterando que el problema es la voluntad de quienes operan el sistema para aplicar las herramientas existentes sin afectar las garantías constitucionales que ya tienen los colombianos.