En Barranquilla, el abogado Felipe Andrés Heras Montes decidió llevar la presión legal hasta la puerta de la Presidencia. El pasado 13 de abril presentó un requerimiento formal dirigido directamente al presidente Gustavo Petro exigiendo que nombre de forma inmediata un gobernador encargado para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Todo porque el Gobierno Nacional lleva cuatro días hábiles sin actuar después de que quedó ejecutoriada la sentencia que anuló la elección del gobernador Nicolás Iván Gallardo Vásquez.

El fundamento legal es contundente. El artículo 124 de la Ley 2200 de 2022 obliga al jefe de Estado a "disponer inmediatamente las medidas necesarias para hacer efectiva" la nulidad de una elección de gobernador y proceder a su reemplazo provisional una vez quede en firme la sentencia. La sentencia quedó ejecutoriada el 7 de abril a las 5 de la tarde, tras resolverse negativamente la solicitud de aclaración que se había hecho el 25 de marzo. Para Heras Montes, lo que hay aquí no es una facultad del Presidente sino una obligación clara y exigible. "El contenido del artículo 124 de la Ley 2200 de 2022 no reviste naturaleza facultativa ni discrecional, sino que genera una obligación clara, expresa, concreta y exigible de hacer", señala el escrito presentado.

El abogado advierte que esta inactividad configura una omisión antijurídica que vulnera los principios de eficacia, celeridad y moralidad administrativa. Y no deja lugar a dudas: ha dado un "término legal y razonable" para que la Presidencia cumpla. Si la inactividad persiste, promete interponer de inmediato una Acción de Cumplimiento ante los jueces competentes, sin que esto evite las posibles responsabilidades disciplinarias y penales que pudieran derivarse.

Mientras esto ocurre, el archipiélago sigue sin gobernador titular. El Consejo de Estado anuló la elección de Gallardo por doble militancia, tal como lo determinó el magistrado ponente Omar Joaquín Barreto Suárez en la Sección Quinta. La situación es compleja porque las nuevas elecciones ya están programadas para el domingo 5 de julio de 2026, fecha acordada entre la Registraduría Nacional y el Ministerio del Interior. Esto significa que desde que quedó sin gobernador el 7 de abril hasta que se posesione el nuevo mandatario en agosto, pasarán más de dos meses y medio sin autoridad electa.

En territorio insular, esta ausencia de liderazgo departamental tiene consecuencias reales. Los proyectos en turismo, medio ambiente y servicios básicos para la población raizal y continental se quedan sin ejecución. Por eso la presión de Heras Montes no es solo un trámite legal: busca garantizar la gobernabilidad inmediata del territorio. El documento fue dirigido directamente al presidente Petro con copia al correo contacto@presidencia.gov.co, con pruebas del auto del 25 de marzo y la constancia de ejecutoria del 8 de abril incluidas.

Hasta ahora, la Casa de Nariño no ha emitido respuesta oficial al requerimiento.