El anuncio de la Fiscalía de iniciar una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de masacres en Antioquia generó una inmediata reacción del lado de su defensa. Jaime Granados, abogado del exmandatario, no se limitó a comentar el contenido de la decisión, sino que apuntó directamente a la manera en que fue tomada, cuestionando los procedimientos empleados.

El punto central de la crítica está en el timing. Granados sostiene que cuando la Fiscalía decidió abrir la indagatoria formal, aún había diligencias probatorias pendientes de practicarse. Lo particular del caso es que esas mismas pruebas habían sido solicitadas por la defensa y aceptadas como pertinentes por el organismo investigador. El 7 de abril, según relata, la Fiscalía se pronunció favorablemente sobre varias pruebas que la defensa consideraba necesarias para aclarar los hechos. Luego, el 27 de mayo, el ente investigador incluso amplió el plazo inicial al reconocer que no tendría suficiente tiempo para completar todas las diligencias.

Con este panorama de fondo, la defensa cuestiona por qué la decisión de abrir formalmente la investigación se tomó cuando aún estaban pendientes pruebas que la propia Fiscalía había validado como pertinentes para el esclarecimiento de lo ocurrido. La lectura que hace Granados es que existe una intención política detrás de los tiempos, aunque no desarrolla completamente ese argumento en los apartes conocidos.