El abogado del presidente Gustavo Petro llevó la batalla legal a la Corte Suprema de Justicia. Alejandro Carranza radicó una denuncia en contra de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, asegurando que existen pruebas de que ella buscó acercarse a miembros del Gobierno para solicitar un puesto dentro de la administración presidencial.

Según Carranza, esas evidencias serán presentadas ante los magistrados de la Corte Suprema para que sea el alto tribunal quien determine su validez. El defensor del mandatario fue cauteloso al hablar del contenido de estas pruebas. "Yo sé que hay evidencias, pero estará en manos de los ministros y de otros funcionarios revelar esas evidencias para que sea la Corte la que determine si son o no son pruebas. Por ahora, lo que puedo decir es que existe un patrón de comportamiento y unos mensajes velados", afirmó Carranza. Además, aseguró que Arizabaleta intentó que él actuara como intermediario con el Ejecutivo, una propuesta que rechazó. "A mí se me pidió varias veces servir como una especie de vehículo, frente a lo cual me rehusé. Varias veces hablamos de que las cosas se deben hacer en estricto derecho y bajo el amparo de la justicia y de la ley", agregó.

El conflicto entre la defensa presidencial y Arizabaleta comenzó cuando ella emitió una decisión relacionada con la suspensión del presidente Petro. La defensa cuestiona que la representante tuviera competencia legal para tomar esta medida. Carranza fue contundente al respecto: "La representante no tiene ninguna competencia para ordenar la suspensión del jefe de Estado, del comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de la máxima autoridad administrativa del país. Esa función es solamente del pleno del Senado". El abogado también presentó recursos ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, incluyendo una solicitud de nulidad de la decisión.

Este jueves, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se presentó en las instalaciones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para realizar una inspección judicial. El magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos ordenó la diligencia para conocer directamente los argumentos que llevaron a Arizabaleta a tomar esa decisión. La representante, quien pertenece al mismo partido del presidente, quedará en el centro de una investigación que podría tener consecuencias significativas para su carrera política.