En plena audiencia contra el hijo del presidente, la defensa levantó la voz para cuestionar directamente la integridad de las pruebas digitales que la Fiscalía presentó como evidencia. El abogado Alejandro Carranza fue contundente: esas pruebas fueron manipuladas, alteradas y nunca tuvieron una cadena de custodia que las respalda.

Según el jurista, todo comenzó con el manejo de la información que Day Vásquez entregó a las autoridades. Un video demostraría, a su juicio, cómo la información fue trasladada de un celular a otro, comprometiendo la integridad del material original. Carranza fue tajante al expresar: "Ella dijo que iba a trasladar la información y la manipuló, la tergiversó del documento original del celular para que ahora vengan a decir que hubo cadena de custodia. Eso quedó en video. Es inapelable, es indiscutible". Se refería con esto a la fiscal Lucy Laborde Betancourt.

La Fiscalía alegó que no hubo manipulación, sino que usaron una técnica de copia espejo entre dos dispositivos. Pero la defensa no se dejó convencer. Carranza cuestionó justamente eso: faltó el hash de verificación (un código que garantiza que los datos no fueron alterados), no hay acta que respalde la copia, y los dispositivos nunca fueron identificados correctamente. El abogado reclamó directamente: "¿Dónde está el hash de verificación? ¿Quién hizo la copia espejo? ¿Dónde está el registro del segundo dispositivo?". Incluso acusó que la Fiscalía vulneró sus propios manuales de procedimiento y que la cadena de custodia del documento digital estaba completamente rota.

Otro punto que encendió alarmas fue descubrir que, según el expediente, el contenido del celular ya estaba en manos de la revista Semana antes de la diligencia oficial del 3 de marzo de 2023. La defensa planteó dos posibilidades preocupantes: o la información circulaba previamente, lo que sugeriría prefabricación de pruebas, o fue filtrada el mismo día de la diligencia a pesar de que la Fiscalía lo niega. "¿Cómo llegaron esas conversaciones a la revista si el celular fue entregado el 3 de marzo?", preguntó con incredulidad el equipo defensor.

La defensa también rechazó categóricamente que el reportaje periodístico pudiera considerarse como elemento de flagrancia, algo que la Fiscalía había argumentado. Para Carranza, esa era una interpretación completamente inaceptable dentro del derecho colombiano.

Durante su intervención, el abogado se apoyó en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y citó una sentencia de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar que es clara: "El acceso integral a la información contenida en dispositivos electrónicos exige no solo autorización judicial, sino también protocolos técnicos que garanticen la integridad de los datos en el momento de la obtención". Carranza insistió en que en este caso ninguno de esos requisitos se cumplió. También invocó fallos de la Corte Constitucional sobre el derecho a la privacidad digital, señalando que "la intervención del Estado en el espacio digital de una persona requiere no solo autorización, sino también una metodología que garantice la proporcionalidad y la integridad de lo obtenido".

El defensor concluyó que todas esas irregularidades constituyen lo que en términos legales se llama un vicio de origen, algo que invalida completamente la evidencia desde su raíz. Por eso pidió al juez que las pruebas sean excluidas del juicio, argumentando que esta no es una cuestión que deba debatirse en la valoración de la prueba oral, sino que debe resolverse antes como un problema de admisibilidad.