En la previa de los comicios presidenciales colombianos, crece la tensión por los pronunciamientos que diferentes partidos han hecho sobre sus posibles apoyos a candidatos. El abogado litigante José Manuel Abuchaibe Escolar levantó la voz en una entrevista en Cardenal Stereo para cuestionar lo que considera interpretaciones incorrectas de la ley por parte de varias colectividades que pretenden usar sus bancadas para fijar posturas políticas sobre candidatos presidenciales.

El debate tomó fuerza después de que partidos como el de la U y el Conservador manifestaran públicamente que no respaldarían al senador Iván Cepeda, mientras otras figuras como Abelardo de la Espriella han dicho que no necesitan el aval de esas organizaciones. Frente a esto, Abuchaibe fue claro: "los partidos políticos no pueden, mediante bancada, dar apoyo político a ningún candidato presidencial". El jurista explicó que las bancadas solo tienen validez dentro de corporaciones públicas como el Congreso, asambleas o concejos municipales.

El abogado recordó que la Ley 974 de 2005 regula cómo funcionan las bancadas y advirtió que usarlas incorrectamente podría traer consecuencias legales serias, incluso procesos de pérdida de investidura para los congresistas que salgan del marco legal.

Abuchaibe también hizo énfasis en que cuando no existe un aval formal del partido (otorgado a través de convención nacional, consulta interna o decisión del representante legal), los militantes y congresistas tienen total libertad para respaldar al candidato presidencial que consideren mejor. Eso significa que cada uno puede apoyar según sus propios intereses y los de sus electores.

El litigante además cuestionó la cantidad de comunicados contradictorios que circulan dentro de los partidos, lo que a su juicio muestra desorden e incluso engaña a la ciudadanía. "Se pretende imponer, por mayoría de una bancada, un candidato presidencial, lo cual no tiene sustento jurídico", indicó con preocupación.

Finalmente, Abuchaibe advirtió que si estas decisiones se concretan formalmente, podrían llegar sanciones tanto para los partidos como para sus militantes, a través de acciones ante el Consejo Nacional Electoral. El jurista ve este panorama como algo que pone en riesgo la institucionalidad política del país.