El país vuelve a debatir sobre los límites del poder presidencial después de que el presidente Gustavo Petro hiciera declaraciones sobre posibles medidas contra alcaldes. Esto ha encendido las alarmas sobre qué tanto puede hacer realmente un presidente cuando se trata de autoridades elegidas localmente.

Durante una entrevista en Cardenal Stereo, el abogado José Manuel Abuchaibe fue claro: jurídicamente, el presidente no tiene herramientas para destituir alcaldes ni gobernadores. Según el especialista, estas autoridades gozan de autonomía territorial en la Constitución colombiana y solo pueden ser removidas de sus cargos a través de decisiones de la justicia ordinaria o por procedimientos disciplinarios adelantados por la Procuraduría General de la Nación. "Jurídicamente es imposible. Los alcaldes solo pueden ser despojados de su investidura mediante decisiones judiciales o de la Procuraduría", enfatizó.

En Colombia rige el principio de autonomía territorial que impide que desde la Casa de Nariño se ejerza control jerárquico sobre mandatarios que fueron elegidos por voto popular. Es decir, aunque el presidente sea la cabeza de la rama ejecutiva a nivel nacional, eso no le da poder sobre alcaldes y gobernadores que responden ante sus propias comunidades.

Pero Abuchaibe no solo alertó sobre esto. También se refirió a un problema más inmediato que está generando inconformidad en las zonas rurales: la forma en que se está aplicando un decreto sobre el impuesto predial rural impulsado por el Gobierno Nacional. El jurista señaló que en la implementación hay distorsiones preocupantes. "Hay casos donde campesinos están pagando hasta cinco millones de pesos, mientras grandes propietarios no alcanzan los 500 mil. Esto ha generado un evidente desequilibrio", indicó.

Lo que al parecer buscaba ser una medida para que los grandes terratenientes contribuyeran de forma más justa al fisco terminó generando efectos desiguales que afectan especialmente a productores de menor escala. Esto ha abierto un posible conflicto entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales, principalmente en lo que tiene que ver con la gestión tributaria y la autonomía fiscal de los municipios.

Ante este panorama de tensiones, Abuchaibe considera necesario que se abran canales de diálogo entre el Ejecutivo, las autoridades territoriales y los sectores sociales que se sienten afectados. El objetivo sería revisar las medidas adoptadas, corregir los errores en la aplicación y evitar que la situación escale a un conflicto mayor que complique más la relación entre el Gobierno central y los territorios.