Abogada sanandresana capturada por estafar 26 personas con falsos remates judiciales en Pereira
Una abogada de San Andrés identificada como Judith Elbertes Jay Cuervo fue capturada por la Fiscalía tras estafar a más de 26 personas usando documentos falsos sobre remates judiciales en Pereira y Dosquebradas. Se habría apropiado de más de 620 millones de pesos entre 2021 y 2024 ofreciendo inmuebles y vehículos a bajo precio. La mujer ya había sido judicializada por delitos similares en otros departamentos.
Una abogada sanandresana fue capturada después de que la Fiscalía General de la Nación lograra identificar un patrón delictivo que operó durante años en Risaralda. Judith Elbertes Jay Cuervo es señalada de haber timado a por lo menos 26 personas con engaños relacionados a falsos remates judiciales en Pereira y Dosquebradas, desapareciendo con más de 620 millones de pesos en el proceso.
La maniobra de la mujer aprovechaba su condición de abogada para ganarse la confianza de sus víctimas. Les contaba que tenía contactos estratégicos en los juzgados civiles de Risaralda y en algunas sucursales bancarias de Quindío que le permitían conseguir inmuebles y vehículos en subastas judiciales a precios muy por debajo del mercado. Para hacer creíble el cuento, les entregaba documentos que parecían auténticos: sellos, actas de remate y formatos de consignación en cuentas de depósitos judiciales.
Entre 2021 y 2024, presuntamente logró recibir dinero de ciudadanos que confiaron en sus ofrecimientos. La estrategia siempre terminaba igual: después de que las personas entregaban el dinero, Jay Cuervo dejaba de responder llamadas y desaparecía con los recursos.
Una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de la Seccional Risaralda le imputó los delitos de estafa, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado, todos agravados. La mujer aceptó los cargos y fue enviada a un centro carcelario.
Lo preocupante es que este no era su primer paso en falso. Recientemente, la abogada había sido judicializada por actuaciones fraudulentas similares que afectaron a 15 personas más en Rionegro (Antioquia) y Buga (Valle del Cauca), lo que sugiere que sus prácticas delictivas se repetían de forma sistemática en varios departamentos.
Fuente original: The Archipielago Press


