Una abogada que convirtió su profesión en herramienta para delinquir fue enviada a prisión tras ser condenada por estafar a 26 personas en el eje cafetero. Judith Elbertes Jay Cuervo operó entre 2021 y 2024 en Pereira y Dosquebradas, donde se apropió de más de 624 millones de pesos con un esquema sofisticado que aprovechaba la confianza que genera el título profesional.

El modus operandi era ingeniero: Jay Cuervo convencía a sus víctimas de que tenía acceso privilegiado a juzgados civiles y entidades bancarias para conseguir inmuebles y vehículos en subastas a precios bajos. Para darle credibilidad a las operaciones, entregaba documentos que parecían oficiales: actas de remate, sellos judiciales y formatos de consignación que lucían completamente legítimos. Sus clientes le consignaban dinero bajo la promesa de que ella gestionaría los trámites de fichas catastrales, gestiones ante juzgados y demás requisitos para concretar las compras.

La Fiscalía la judicializó por estafa agravada, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado. Ante la solidez de las pruebas recopiladas, la procesada decidió aceptar todos los cargos, lo que aceleró el proceso. Un juez ordenó su reclusión inmediata en un establecimiento carcelario para evitar que continuara cometiendo delitos similares.

Lo preocupante es que este no es su primer encuentro con la justicia. Jay Cuervo ya había sido condenada a 42 meses de prisión por hechos parecidos. Además, en mayo de 2026 fue judicializada nuevamente por estafas que afectaron a 15 personas en Rionegro (Antioquia) y Buga (Valle del Cauca), procesos que continúan en curso. Parece que ni siquiera la experiencia previa con la cárcel logró detener su actividad delictiva.