El caso de Hollman Morris, gerente de RTVC, dio un nuevo giro este miércoles 25 de marzo de 2026 cuando su defensa legal decidió intervenir públicamente. A través de redes sociales, la abogada Claudia Cristancho presentó un comunicado donde buscaba, en sus palabras, aclarar lo que considera una distorsión de los hechos alrededor de las acusaciones de acoso sexual y laboral que pesan sobre su cliente.

La jurista fue clara en un punto central: hasta ahora, Morris no ha sido sancionado en ningún ámbito. Según Cristancho, no hay procesos penales, disciplinarios ni fiscales en su contra relacionados con las acusaciones. Estos señalamientos surgieron públicamente en enero de 2019, cuando Lina Marcela Castillo Nisperuza denunció hechos de presunto acoso a través de medios de comunicación.

La defensa enfatizó algo que considera fundamental: las acusaciones nunca llegaron a ser denunciadas formalmente ante autoridades judicales. Para Cristancho, los debates en redes sociales no reemplazan los mecanismos legales establecidos. Fue entonces cuando Morris decidió actuar legalmente, interpuso una denuncia por injuria y calumnia buscando proteger su honra, su buen nombre y su integridad familiar. La Fiscalía General de la Nación procesó el caso y presentó escrito de acusación contra la denunciante, lo que llevó el asunto a los tribunales de forma oficial.

Un juez citó a juicio para el 18 de marzo de 2026. Según Cristancho, el proceso ha enfrentado retrasos que su defensa atribuye a actuaciones de la otra parte. Antes de la audiencia, la defensa de Castillo Nisperuza propuso una retractación, pero la autoridad judicial no la aceptó porque consideró que no cumplía las condiciones legales: era condicional y parcial. Los recursos interpuestos fueron ratificados, permitiendo que el proceso continúe su curso.

El asunto también ha trascendido al ámbito político. La bancada de mujeres del Pacto Histórico solicitó que Morris sea separado temporalmente de su cargo en RTVC mientras avanzan las investigaciones, planteándolo como una medida preventiva para garantizar transparencia institucional. En su pronunciamiento, las congresistas señalaron que el caso fue reasignado con enfoque de género y aclararon la diferencia entre dos tipos de conductas denunciadas: el acoso sexual laboral, definido en la Ley 2365 de 2024, que implica comportamientos de carácter sexual sin consentimiento, y el acoso laboral, contemplado en la Ley 1010 de 2006, que abarca hostigamiento o persecución en el entorno laboral.

Con todo esto sobre la mesa, la presunción de inocencia de Morris sigue vigente legalmente. Mientras tanto, el caso continúa generando atención pública y tensiones políticas que no parecen calmarse pronto.