A seis días de las elecciones presidenciales, Colombia vivió una nueva comisión de seguimiento y garantías electorales. El encuentro se llevó a cabo el lunes 25 de mayo en Cartagena, congregando a las máximas autoridades del sistema electoral del país. El ministro del Interior Armando Benedetti, el registrador Hernán Penagos, el procurador general Gregorio Eljach y el presidente del CNE Cristian Quiroz estuvieron presentes, junto con representantes de los distintos movimientos políticos.

El propósito era claro: revisar la situación de seguridad que enfrentan los candidatos presidenciales a pocos días de la votación. Pero la reunión se desarrolló bajo una nube de tensiones que reflejan el clima polarizado que vive el país en esta recta final electoral. Los acuerdos no fueron lo único en la mesa; también estuvieron las preocupaciones y las acusaciones.

El ambiente de conflictividad ha crecido. Hace poco fue atacada la sede de campaña de Paloma Valencia, candidata por el Centro Democrático. Además, han surgido denuncias sobre la presunta participación de grupos armados en varias regiones, que utilizarían su control territorial para constreñir a la población y afectar el libre voto.

Pero uno de los temas más incómodos que flotaba en la reunión era la denuncia sobre participación política indebida de funcionarios públicos. El presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros han estado promoviendo activamente el voto hacia el candidato Iván Cepeda. Petro publicó en redes sociales un mensaje acompañado de un video del evento de Cepeda en Barranquilla, en el que escribió: "Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata".

Este tipo de acciones avivó el debate sobre los límites entre el ejercicio político de funcionarios y la interferencia en procesos electorales, justo cuando el país necesita mayor confianza en sus instituciones.