Falta poco para que se cumpla un año del ataque que cambió la historia política del país. El 7 de junio se recordará siempre como la fecha en que Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, fue asesinado mientras hacía campaña en el barrio Modelia de Bogotá. Ese día, mientras el político hablaba sobre los retos que enfrentaba Colombia, un menor de edad escondido entre la multitud sacó un arma y le disparó varias veces. Los pocos escoltas que le había asignado la Unidad Nacional de Protección poco pudieron hacer. Uribe Turbay fue trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde el neurocirujano Fernando Hakim lo sometió a varios procedimientos de emergencia, incluyendo una craniectomía descompresiva, un procedimiento que retira parte del cráneo para aliviar la presión dentro del cerebro. A pesar de los esfuerzos médicos, el senador falleció el 11 de agosto de 2025.

Los responsables comenzaron a caer ante la justicia, pero para la familia no ha sido suficiente. Miguel Uribe Londoño, padre del político asesinado, está convencido de que hay más culpables por descubrir. Esta semana rechazó públicamente la sentencia de 26 años y 3 meses impuesta a Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi, quien fue señalado de coordinar el ataque. A través de su cuenta en X, Uribe Londoño lanzó una acusación directa contra el presidente Gustavo Petro. "No me queda duda que Petro sabía que a Miguel lo iban a asesinar", escribió el padre del asesinado.

Para Uribe Londoño, la condena a alias Chipi es insuficiente y, peor aún, representa una puerta abierta a la impunidad. "La reducción de la condena de alias Chipi es un premio a la impunidad que alienta a los asesinos", manifestó. El padre exige que la investigación vaya más allá de los coordinadores: "La tarea de la Fiscalía debe centrarse en quién dio la orden para matar a mi hijo. Exigimos justicia para todas las víctimas".

Mientras tanto, William Fernando González Cruz, alias El Hermano, también fue condenado a 21 años y 9 meses de cárcel. Las autoridades lo identificaron como otro coordinador del crimen, que participó en las reuniones de planificación del magnicidio. Ambos fueron hallados culpables de delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para cometer delitos, y tráfico de armas, entre otros cargos.