Cuando se vuela de San Andrés hacia Providencia, el viaje apenas dura quince minutos. Llegar a las Islas del Maíz, que pertenecen a Nicaragua, tomaría apenas cinco minutos más. Son distancias que se miden en el aire de manera casi imperceptible, pero que en la realidad política y administrativa se sienten como un abismo. Esas islas fueron alguna vez parte del archipiélago colombiano, pero una disputa territorial las separó de nosotros. Lo curioso es que seguimos siendo una sola unidad: compartimos geografía, cultura y lengua común.

La historia que une a estas comunidades es profunda. Cuatro siglos de pasado colonial, raíces afrocaribeñas y anglosajonas tejen una trama común entre los raizales de Colombia y Nicaragua. A pesar de las diferencias fronterizas, existe una aspiración genuina de reconectarse, de superar esa disputa y recuperar ese intercambio étnico y comercial que la política interrumpió. Pero en el camino, las promesas se han quedado solo en palabras. El gobierno nacional ha ofrecido cooperación para aliviar los problemas de agua y compensar los daños causados por políticas de soberanía justificadas por el conflicto territorial, pero esos compromisos siguen sin cumplirse.

La cooperación transfronteriza no es un capricho histórico ni un asunto exclusivamente de reivindicación étnica. Es, ante todo, un mecanismo estratégico para el desarrollo económico. Si se permitiera comerciar libremente con Nicaragua, la canasta familiar en las islas sería mucho más asequible. Traer alimentos desde el país vecino es considerablemente más económico que las rutas actuales, lo que haría más competitivas a estas islas para el turismo y mejoraría significativamente la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, desde Bogotá se ignora esta realidad.

Las promesas llegan, pero la realidad no las sigue. Mientras el gobierno nacional hace anuncios sobre priorizar el Caribe y Centroamérica, las islas siguen cargando una deuda de años: proyectos incumplidos, crisis constantes y un desgaste moral que obstaculiza su progreso. Ya no hay un plan nacional para el archipiélago. La inversión pública ha disminuido y los problemas solo crecen. Las islas dejaron de ser prioridad en la política exterior colombiana, a pesar de que la ley ya existe para potenciar esta cooperación.

Colombia cuenta con la Constitución de 1991 y la Ley 191 de 1995, que garantizan a las comunidades étnicas fronterizas derechos fundamentales: movilidad transfronteriza, comercio sin requisitos aduanales, derecho a transitar por territorios ancestrales y atención diferenciada para promover desarrollo socioeconómico. Otras fronteras étnicas del país ya disfrutan de estos beneficios. Pero los raizales de las islas siguen siendo negados de esos mismos derechos frente a las Corn Islands que están al lado.

El cambio debe venir de varios lados. Los dos congresistas de las islas, el liderazgo político local y los gremios económicos como la Cámara de Comercio y los hoteleros tienen la responsabilidad de impulsar estas políticas. También está el detalle simbólico que propuso el presidente Petro: el próximo embajador en Nicaragua debería ser un raizal, alguien que entienda desde adentro la conexión cultural que existe. La visión de conectar el desarrollo isleño con una integración caribeña es una promesa recurrente que nunca ha pasado de lo teórico a lo concreto.

A cuatro meses de que termine este gobierno, una inminente visita del encargado de fronteras de la Cancillería genera expectativas sobre si habrá finalmente acciones concretas o solo más promesas incumplidas. Las islas han aprendido a ser escépticas, pero hay razones para mirar hacia adelante. El dolor de la separación no tiene que ser permanente. Con cooperación real y conexión transfronteriza, aprovechando los vínculos étnico-culturales como instrumentos diplomáticos, estas comunidades podrían recuperar lo que la política les quitó. El vecino está ahí, tan cerca que se puede ver. Es hora de dejar de actuar como si estuviera tan lejos.