A menos de 24 horas de que se abrieran las urnas, la revista Semana sacó a la luz una situación de crisis al interior de la vivienda del candidato presidencial Santiago Botero en Cartagena. La Comisaría de Familia de esa ciudad había ordenado su desalojo tras una denuncia presentada por su esposa, Manuela Echeverri, acusándolo de violencia intrafamiliar.

Según lo publicado por Semana, Echeverri denunció haber sufrido múltiples episodios de violencia psicológica y económica que se habrían intensificado recientemente. La denuncia también incluía presuntas amenazas de muerte y referencias al uso de un arma de fuego, situaciones que motivaron a las autoridades a actuar de inmediato para proteger a la familia.

La orden judicial consideró que la presencia de Botero representaba un riesgo para la seguridad de su esposa y su hijo, quien apenas cumplía diez meses de edad. Por eso, además del desalojo, le prohibieron acercarse a la mujer o al menor. El comisario de familia Amin Sanabria informó a Semana que el niño fue trasladado a un hogar de paso mientras se ejecutaba la medida y se restablecían las condiciones para que regresara con su madre.

Desde la madrugada del sábado, la Policía Nacional acompañaba el procedimiento de desalojo, pero Botero no permitía el ingreso de las autoridades al apartamento. Mientras tanto, Manuela Echeverri esperaba en la recepción del edificio, ansiosa por poder entrar a recuperar sus cosas y reunirse nuevamente con su hijo.

El abogado de Echeverri, Alberto Boek, reveló a Semana que la denuncia formal se había presentado hace aproximadamente un mes. Según el jurista, todo se complicó el jueves anterior cuando Botero le habría comunicado a su esposa que no podía ingresar a la vivienda junto con el bebé, dejándolos sin lugar donde quedarse ni acceso a recursos económicos.

Hasta ese momento, las autoridades seguían intentando ejecutar la orden de desalojo y garantizar que las medidas de protección se cumplieran en favor de la mujer y el niño.