A solo dos días de que Colombia regresara a votar, la Fiscalía decidió formalizar una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por tres crímenes que marcaron a Antioquia durante el conflicto armado. Se trata de las masacres de El Aro y La Granja, y del asesinato del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle. El anuncio generó de inmediato una tormenta política, porque mientras Uribe insiste en que esto es "una trama electoral", su principal contradictor, Iván Cepeda, quien es candidato presidencial y denunciante del caso, fue de los primeros en confirmarlo públicamente.

El nombre del exmandatario ha estado rondando estos expedientes durante más de dos décadas. Todo comenzó entre 1996 y 1998, cuando Uribe era gobernador de Antioquia y ocurrieron los hechos violentos en Ituango. La investigación avanzó con ritmo de tortuga: pasó por períodos de inactividad total, fue archivada en el año 2000, luego reabierta en 2013 cuando Cepeda presentó una nueva denuncia, y después estuvo seis años en manos de la Corte Suprema mientras Uribe tenía fuero como senador. Recién en octubre de 2020, cuando el expresidente renunció a su curul, el caso regresó a la Fiscalía. A principios de 2024 Uribe rindió versión libre explicando que no tenía responsabilidad en ninguno de esos hechos.

La masacre de La Granja ocurrió en junio de 1996, cuando paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba e integrantes del bloque Mineros entraron al corregimiento de Ituango. Sacaron de sus casas a varios pobladores acusados de colaborar con la guerrilla y asesinaron a cinco de ellos frente a sus familias tras torturarlos. Un año después, entre octubre y noviembre de 1997, El Aro sufrió una incursión paramilitar que dejó 15 muertos, 42 viviendas quemadas, cerca de 1.200 cabezas de ganado robadas y alrededor de 1.400 personas desplazadas. En operaciones de abastecimiento participaron helicópteros, incluyendo uno pilotado por el exparamilitar Salvatore Mancuso. Algunos sobrevivientes dijeron haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, entonces dirigida por Uribe, aunque esto nunca se probó completamente.

El tercer caso es el asesinato del abogado Jesús María Valle, quien había denunciado públicamente las masacres y señalado la presencia paramilitar en la zona. El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda "la Terraza" bajo las órdenes de Diego Murillo ("don Berna") irrumpieron en su oficina en el edificio Colón de Medellín, aparentando ser de la "Coordinadora Guerrilla", y lo asesinaron a tiros. Cabe notar que para esa fecha Uribe estaba estudiando en Londres.

La acusación contra Uribe se sostiene principalmente en los señalamientos de paramilitares como Salvatore Mancuso, quien en algunos momentos habló de complicidad o permisividad desde la Gobernación. Sin embargo, el expresidente siempre lo ha negado categóricamente y ha señalado que Mancuso ha dado versiones contradictorias: una ante Justicia y Paz y otra posterior ante la JEP.

Lo que genera inquietud en sectores políticos es justamente el momento de la decisión. Después de más de dos décadas donde la investigación pasó por trámites lentos e interminables períodos de inactividad, ahora la Fiscalía acelera el paso. Algunos analistas político, como el abogado Jaime Granados, señalan que "el interés es afectar las elecciones", mientras que desde la defensa de Uribe insisten sin ambigüedades en que existe "un claro trasfondo político" en la decisión.