En Pueblo Rico, Risaralda, hay una realidad que duele: en una vereda nacieron diez niñas y murieron cinco. Los números crudos esconden historias de dolor que son resultado de una práctica ancestral que persiste: la mutilación genital femenina.

Claudia Queragama Pepe pertenece a la comunidad Emberá Chamí. Siendo apenas una adolescente descubrió algo que cambió su vida. Leyendo libros de biología se enteró de que todas las mujeres tenían clítoris. La pregunta que surgió fue inevitable: "¿Y yo por qué no lo tengo?". Esa pregunta refleja el trauma de miles de colombianas que pasaron por lo mismo sin entender por qué.

Según datos del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (Sivige), entre enero de 2024 y marzo de 2026 ocurrieron 98 casos de niñas víctimas de mutilación genital en el país. Lo más preocupante es que el 56 por ciento de los casos afectó a menores entre cero y cinco años, y el 83 por ciento ocurrió dentro del hogar. Risaralda encabeza las estadísticas, aunque se cree que las cifras reales son mucho mayores porque muchos casos nunca se denuncian.

Es aquí donde entra el proyecto de Ley 440 de 2025, que intenta ganar la carrera contra el tiempo. La norma tendría herramientas para proteger a las niñas, reparar a las víctimas y prevenir que la práctica continúe. El problema es que aún no se discute en el cuarto y último debate que requiere para convertirse en ley. Si no lo logra antes del 20 de junio, cuando cierra el período legislativo actual, todo vuelve a cero y hay que empezar desde el principio en la siguiente legislatura.

Mientras el Congreso se mueve lentamente, existen justificaciones culturales, religiosas y sociales para defender esta violencia. En el documental "Intactas: Niñas sin ablación", impulsado por la representante Giraldo Botero y Jennifer Lopera, mujeres de la comunidad Emberá rompieron el silencio. "Las parteras dicen que Karagabí les mandó a mutilar el clítoris, pero Karagabí dice que no le hagamos daño a nadie", relata uno de los testimonios. Juliana Domicó, lideresa Emberá, fue más directo: "No podemos seguir con prácticas de hace 500 años".

Una de las historias más crudas fue compartida con BBC Mundo bajo el seudónimo de Carla Quiñones. Ella regresó a casa un día y encontró a su hija de apenas seis meses hinchada, sangrando y ardiendo de fiebre. Su propia abuela le había practicado la mutilación. "Mi expareja se enteró. Cuando vio así de mal a la niña, pensó que yo había dado permiso. Me pegó. Mi hija lloraba. Quisimos llevarla a un centro de salud, pero era lejos y llovía. Mi mamá la intentó aliviar con unas plantas. Ella es partera, pero se opone a la ablación y también confrontó a mi abuela. No hizo caso. Dijo que los hombres se burlan de las mujeres que tienen clítoris", contó Quiñones.

Ángela Anzola, directora de la Fundación PLAN que apoya el proyecto de ley, explicó las consecuencias devastadoras: "Muchas mujeres viven con dolor crónico, infecciones constantes y la imposibilidad de disfrutar su sexualidad, lo que puede derivar en depresión e incluso en trastornos psiquiátricos severos". Algunas llegan incluso al suicidio o viven aisladas por vergüenza y dolor.

Sin embargo, Anzola también es clara en que no se trata de estigmatizar a las comunidades. "El enfoque no puede ser estigmatizar a las comunidades. El machismo y la misoginia son fenómenos estructurales presentes en toda la sociedad, no exclusivos de ciertos territorios. Por eso, el reto es cómo establecer un diálogo respetuoso: cómo llegar a una comunidad y cuestionar una práctica sin imponer ni estigmatizar", dice en conversación con EL COLOMBIANO. La ley se centra en la prevención y en que ninguna niña más sufra esta violencia, pero requiere más que texto legislativo. Se necesita trabajo sostenido en territorio, pedagogía y participación de autoridades indígenas.

Las mujeres que encabezan esta lucha pagan un precio alto. La congresista Giraldo Botero ha recibido amenazas, al igual que Claudia Queragama y otras activistas. "Me duele mucho cuando somos tildadas como asesinas, como ignorantes", expresó la congresista en diálogo con AFP. A pesar del costo personal, siguen adelante. El Congreso tiene poco más de un mes para demostrar que escucha a esas voces.