Colombia permanece como uno de los lugares más letales del planeta para quienes se dedican a defender derechos humanos. Entre 2016 y 2025, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentó 972 asesinatos de defensores en el país. Esto significa aproximadamente cien muertes cada año, una cifra que mantiene a Colombia en la categoría de naciones donde el riesgo para estas personas es extremadamente alto. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lo expresó sin rodeos: "es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos".

La violencia no ha disminuido con el tiempo. De hecho, después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, los homicidios contra defensores aumentaron gradualmente. El informe relaciona esto con conflictos armados en territorios que antes controlaban las FARC-EP, donde el Estado no ha logrado consolidar su presencia de manera efectiva. A esto se suma la presencia de economías ilegales como narcotráfico, minería ilegal, tala clandestina y trata de personas, que alimentan disputas por el control territorial donde los defensores quedan atrapados en el fuego cruzado.

Las cifras más recientes son alarmantes. Entre 2022 y 2025 fueron asesinadas 410 personas defensoras. En ese mismo periodo se documentaron 2.018 amenazas y ataques, aunque el informe advierte que esta cifra representa apenas una fracción de lo que realmente ocurre, porque no existe un sistema único de registro que capture todos los casos. Un detalle crucial: más del setenta por ciento de estos crímenes fueron cometidos por actores armados no estatales (bandas criminales y grupos al margen de la ley), revelando el patrón de violencia ligado a territorios disputados.

Las comunidades indígenas cargan desproporcionadamente con esta tragedia. Aunque representan menos del cinco por ciento de la población colombiana, constituyen el veintitrés por ciento de las víctimas entre defensores asesinados. También resultan afectadas comunidades afrodescendientes, campesinas, líderes ambientales, personas LGBTIQ+ y activistas políticos que se atreven a cuestionar poderes locales.

El informe reconoce que el Gobierno actual ha tomado algunas medidas: diálogo con organizaciones sociales, políticas preventivas en casos urgentes y desarrollo de una estrategia nacional. Sin embargo, concluye que "las instituciones estatales en general no han podido revertir las tendencias y patrones de violencia". Las instituciones simplemente no tienen la capacidad o la coordinación para frenar lo que ocurre en el terreno. El documento advierte que sin una agenda estatal clara en prevención, protección e investigación de responsables, la violencia seguirá.

Las recomendaciones apuntan hacia lo obvio pero difícil de ejecutar: fortalecer políticas públicas, reformar instituciones, investigar penalmente a los responsables y desmantelar las estructuras criminales. Volker Türk enfatizó que además de castigar los asesinatos, "abordar las causas estructurales de esta tragedia humana con un enfoque integral debe ser la prioridad". Esto significa atacar de raíz los conflictos territoriales y las economías ilegales que financian la violencia.

Un obstáculo adicional: la propia Oficina de la ONU en Colombia ha sufrido recortes presupuestales en 2025 que limitaron su capacidad para monitorear casos de alto riesgo y responder a solicitudes urgentes de protección. Cuando ni siquiera los organismos internacionales tienen recursos suficientes para documentar y alertar sobre lo que sucede, la brecha de impunidad se amplía aún más.