Colombia llega al próximo 8 de marzo en un momento político tenso. La experiencia del presidente Gustavo Petro lo deja claro: gobernar con un Congreso en contra es como intentar avanzar remando contra la corriente. Durante estos cuatro años, los conflictos entre la Casa de Nariño y el Capitolio fueron constantes. Proyectos se quedaron en el camino, las reformas no llegaron como se esperaba, y los choques entre poderes subieron de tono más de una vez. El problema es que esta no debería ser la relación normal entre el Ejecutivo y el Legislativo en una democracia.

El Congreso tiene una responsabilidad que va más allá de redactar leyes. Es su trabajo vigilar al gobierno, ejercer control político y mantener un equilibrio de poderes que funcione. Por eso lo que está en juego el próximo 8 de marzo es nada menos que cómo se reconfiguran las fuerzas políticas del país. Pero hay obstáculos en el camino: la desinformación circula sin control, los cacicazgos regionales siguen operando en las sombras, y hay estructuras corruptas enquistadas en el sistema. Los números hablan por sí solos. Según la encuesta Invamer, casi tres de cada cinco colombianos ven con desconfianza al Congreso. El 57,5 por ciento tiene una imagen desfavorable frente a apenas el 33,9 por ciento que lo ve bien. Los casos de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes de Senado y Cámara detenidos por corrupción en la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres), solo refuerzan esa sensación de descrédito.

Lo cierto es que ningún presidente en Colombia ha llegado con mayoría legislativa. El profesor Juan Pablo Milanese, especialista en política de la Universidad Icesi, lo explica claro: "Las elecciones legislativas son siempre relevantes porque, a pesar de estar eclipsadas por las presidenciales, en ellas se define la gobernabilidad del presidente. Cada vez que se realizan producen una redefinición del escenario político y, en el caso colombiano, ningún partido obtiene una mayoría de la mitad más uno de los votos. De allí que la elección perfile cómo serán las coaliciones que le permitirán al nuevo presidente gobernar". El próximo mandatario, sea quien sea, necesitará hacer alianzas.

Las encuestas muestran un panorama fragmentado. El Pacto Histórico, con su lista cerrada, lleva una intención del 28,7 por ciento. El Centro Democrático, con el retorno del expresidente Álvaro Uribe en el puesto 25 de su lista cerrada, alcanza el 21,9 por ciento. Ambos son favoritos para sumar mayorías, pero son enemigos acérrimos. Si gana alguien del Pacto Histórico, enfrentará una oposición feroz del uribismo. Y si llega un presidente de la centro-derecha, el petrismo hará lo mismo. Por eso cobran importancia los partidos tradicionales: Liberals con el 7,8 por ciento, Conservadores con 7,1, La U con 6,2, y otros como Oxígeno, Fuerza Ciudadana y Cambio Radical que irán inclinando la balanza según su postura.

La politóloga Laura Wills, de Congreso Visible, advierte que aún no se sabe qué harán los partidos después de las elecciones. "Esa postura solo se definirá cuando sepamos quién queda elegido como presidente y qué decisión toman los partidos sobre si se unen a su coalición o deciden hacerle oposición. No deja de ser muy pronto el 8 de marzo para ver eso", explica. Lo que sí es seguro es que el nuevo Congreso tendrá más de 280 miembros, un cuerpo grande y diverso donde no todo irá en una sola dirección. Habrá votos de castigo contra congresistas mal desempeño, pero también apoyo a quienes hayan trabajado bien.

Hay un caso especial que marcará estas elecciones: el partido Comunes, nacido del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, se medirá por primera vez a voto limpio sin los escaños garantizados que tuvo desde 2018. Si no logra superar el umbral electoral, pierde la personería jurídica y, con ella, la financiación estatal y el acceso a los medios. Según Guarumo, la coalición donde participa Comunes apenas suma 1,1 por ciento. El partido se juega su supervivencia política.