Un agujero de casi 69.000 millones de pesos en recursos de regalías aparentemente se tragó dos proyectos de becas en Chocó y Magdalena. La Contraloría General, dirigida por Carlos Hernán Rodríguez, acaba de revelar que lo que se suponía iban a ser programas de formación en maestría y doctorado terminó siendo lo que el ente fiscal llamó «becas fantasma»: dinero que se esfumó sin dejar ni un rastro de dónde fue a parar.

Lo más grave es lo que falta. Cuando los auditores de la Contraloría buscaron los papeles básicos, no encontraron nada: ni listas de estudiantes beneficiados, ni comprobantes de los giros de dinero, ni reportes mensuales que demostraran que algo se estaba haciendo. «No constan listados de beneficiarios, soportes de los giros realizados ni informes técnicos o mensuales de ejecución», precisó el órgano de control. Sin esos documentos, fue imposible comprobar si el dinero público se usó para lo que se aprobó o simplemente desapareció.

En el Magdalena, el proyecto arrancó en julio de 2013 con presupuesto de 29.011 millones de pesos. Sobre el papel, aparentemente se gastó el 80 por ciento de esa plata. Pero cuando pidieron los documentos a la Gobernación del Magdalena, la Universidad de Cundinamarca y la Universidad Autónoma del Caribe, nadie pudo presentar un solo papel que probara quién había estudiado esa maestría o doctorado. En esa época gobernaba Luis Miguel Cotes Habeych, quien ahora mismo está bajo investigación disciplinaria y penal por irregularidades en el caso de la «Vía de la Prosperidad».

Lo que pasó en el Chocó fue todavía peor. El proyecto de 41.608 millones aprobado en diciembre de 2012 ni siquiera dejó la ficción de un gasto. La Gobernación del Chocó no presentó expedientes, no hay registro de graduados, no existen trabajos de investigación ni artículos científicos que resultaran de esas supuestas formaciones. Nada. El ente de control calificó los sistemas de control interno de ambos departamentos como «inadecuados» y concluyó que simplemente no hay forma de reconstruir adónde fue el dinero.

Ahora la Contraloría está iniciando acciones legales para ir tras el dinero con cobros coactivos contra los responsables. Pero lo más serio es que ya mandó toda la información a la Procuraduría y a la Fiscalía para que abran investigaciones penales. Este caso, que apunta a uno de esos lugares donde el dinero público se desmorona sin supervisión, pone nuevamente en el tapete la pregunta incómoda: ¿quién vigila realmente cómo se gastan los recursos de las regalías en los territorios?