La guerra en Ucrania se ha cobrado un precio terrible entre ciudadanos colombianos que fueron enganchados bajo promesas de dinero fácil. Según el registro de la Cancillería, hay 670 compatriotas desaparecidos y 173 fallecidos como resultado del reclutamiento ilegal de mercenarios para ese conflicto. Las cifras son tan preocupantes que el Ministerio de Relaciones Exteriores advierte que podría haber más colombianos aún activos en la guerra, así como otros asesinados y desaparecidos que no están contabilizados.

Audel Hernán Rojas Beltrán, un colombiano que combatió en el frente del Donbás, retrata la realidad brutal que viven nuestros compatriotas. "Allá los colombianos somos una cifra más y, aunque uno se une al Ejército ucraniano, toca cuidarse tanto de los rusos como de los mismos ucranianos", comenta. Lo que comenzó con promesas de compañerismo y buenas remuneraciones se convirtió en una pesadilla donde los soldados colombianos permanecen meses enteros en trincheras sin descanso, mientras que los ucranianos rotan cada diez o quince días. Rojas explica sin rodeos: "Decidí salirme porque ya no podía más, estaba cansado, estresado, llevaba demasiado tiempo metido en eso. Incluso intentaron secuestrarme. Allá hay soldados a los que prácticamente retienen en las posiciones y los obligan a permanecer cuatro, cinco o hasta siete meses en zona de combate."

Un informe del Atlantic Council revela que los colombianos son la nacionalidad extranjera con más bajas dentro del ejército ucraniano, superando incluso a los estadounidenses. Se estima que cerca del 25% de los combatientes extranjeros que han integrado las fuerzas de Ucrania, procedentes de 65 países, son colombianos. Las razones de esta situación trascienden el mercenarismo ideológico. Según el análisis, existe un problema estructural en la transición de militares colombianos a la vida civil, lo que los hace vulnerables a reclutadores que operan en un mercado gris del derecho internacional.

El reclutamiento funciona de manera sofisticada. Intermediarios se acercan principalmente a exmilitares y jóvenes de sectores vulnerables, especialmente en regiones como el oriente de Cali y el suroccidente colombiano, ofreciendo salarios de hasta 10.000 dólares mensuales bajo el disfraz de empleos en seguridad privada o labores especializadas. Para personas que ganan 1.5 millones de pesos al mes, una promesa de 40 millones resulta casi irresistible.

Las condiciones en el terreno son deshumanizantes. Rojas relata: "Si usted queda herido, es como si quedara muerto. Allá lo dejan tirado; nadie va a ir a rescatarlo, así sea su mejor amigo. Cada quien prefiere cuidarse a sí mismo antes que arriesgar la vida por alguien más." De los 173 fallecidos reportados, 140 murieron en Ucrania; 130 ya fueron repatriados a Colombia para servicios fúnebres, mientras otros permanecen en la zona de conflicto por decisión de sus familias o están en proceso de ser traídos al país.

Ante esta crisis, el Estado colombiano tomó medidas sancionando la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. La nueva normativa busca tipificar en el Código Penal las conductas relacionadas con el mercenarismo, facilitar investigaciones y judicialización de quienes reclutan ciudadanos para guerras en el exterior, además de permitir mecanismos de cooperación internacional y extradición. Se trata de un paso importante para proteger a una población que ha sido víctima de engaño y abandono en tierras lejanas.