La seguridad de quienes lideran en Colombia sigue siendo una montaña rusa. En el último año, entre el 8 de marzo de 2024 y el 8 de marzo de 2025, la Misión de Observación Electoral documentó 435 agresiones contra líderes políticos, sociales y comunales. La cifra puede sonar como una mejora en comparación con 2022, cuando hubo más casos, pero según la MOE eso no significa que las cosas vayan mejor. Lo que está pasando es distinto y más preocupante: la violencia se ha reinventado. Ya no es solo más de lo mismo, sino que ahora se concentra en fewer but deadlier attacks, orientadas al control territorial y más estratégicas.

Quien la lleva más difícil es la política. Los líderes políticos concentraron el 62,5 % de las agresiones documentadas, con un aumento del 12,9 % frente al período anterior. Los concejales en ejercicio encabezan la lista de víctimas con 57 ataques. También hay candidatos bajo fuego: 30 aspiraban al Congreso, ocho eran precandidatos y ocho buscaban otros cargos de elección popular. Por partido, el Centro Democrático fue el más impactado con 31 agresiones, principalmente en Antioquia y Bogotá. Los liderazgos sociales sufrieron 104 agresiones y los comunales 59, aunque ambos mostraron reducciones comparados con 2022.

El problema no está distribuido parejo en el país. Aunque la violencia se dispersó por 193 municipios en 28 departamentos y Bogotá, cinco territorios se llevan casi la mitad de los casos: Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bogotá. Situación especial tienen las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, esas 16 zonas que eligen curules de paz al Congreso. Allí ocurrió el 30,6 % de toda la violencia nacional. Lo más grave: el 50,5 % de los asesinatos de líderes en Colombia sucedió precisamente en esos municipios CITREP.

Las amenazas siguen siendo la forma más común de violencia, con 228 casos que representan el 52,4 % del total. Pero detrás vienen cosas mucho más serias: 103 asesinatos, 64 atentados y 32 secuestros. Este último número es particularmente alarmante. En 2022 apenas se registraban 6 secuestros de líderes. Ahora hay 32. Eso es una escalada que duele.

Las estructuras armadas están detrás de buena parte de esto. Entre 2022 y 2026, la violencia atribuida a grupos armados creció 126,8 %, pasando de 977 a 2.216 casos. La mayoría corresponde a acciones directas de violencia, pero también hay amedrentamientos para intimidar y mantener el control. En zonas rurales la situación es aún más grave, con un incremento del 213,2 %. El Huila es un caso extremo: pasó de 2 hechos a 76, un aumento del 3.700 % por la incursión de nuevas estructuras armadas.

Las mujeres líderes también están en la mira, aunque con una reducción del 46,3 % comparado con 2022. Se documentaron 80 agresiones, siendo las políticas las más afectadas con el 65 %. Un elemento nuevo y inquietante apareció este año: la violencia vicaria, que es cuando los atacantes van contra familiares o personas cercanas para dañar a la mujer líder. Se ha registrado en Caldas, Norte de Santander, Meta y Antioquia.

Los más vulnerables dentro de esta ola de violencia son los líderes indígenas y los presidentes de Juntas de Acción Comunal. Entre los indígenas, el 67,7 % de las agresiones fueron letales, lo que evidencia un riesgo extremo. El Cauca es el principal foco con 13 de esos casos. En las JAC, los presidentes sufrieron 33 ataques de 59 registrados en liderazgos comunales, y el 59,3 % de esas agresiones fueron homicidios. Son números que no mienten: hay gente pagando con la vida por atreverse a liderar.