La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos acaba de entregar un dato que duele: documentó 410 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos entre 2022 y 2025 en Colombia. Pero lo que más preocupa no es solo el número, sino lo que revela cuando se compara con años anteriores. La cifra no baja ni sube de forma relevante. Simplemente se mantiene, como si la violencia hubiera encontrado un piso que no logra romper.

Es importante aclarar que cuando la ONU habla de defensores de derechos humanos no está usando la misma medida que emplean otras fuentes al reportar líderes sociales. La diferencia parece pequeña pero importa: Naciones Unidas solo cuenta los casos que verifica bajo esa condición específica. Con esa metodología, el organismo documentó 972 asesinatos entre 2016 y 2025 en todo el país. En el periodo más reciente, el 23 por ciento de las víctimas eran indígenas, y más del 70 por ciento de los perpetradores identificados fueron actores armados no estatales.

El cuadro se vuelve aún más sombrío cuando se miran otros indicadores. Entre 2022 y 2025, la ONU también registró 2.018 amenazas y ataques contra defensores. Lo crudo de esto es que la organización misma reconoce que esa cifra probablemente es solo la punta del iceberg, porque Colombia no tiene un sistema único y completo para registrar estas agresiones. Además, los recortes de presupuesto que enfrentó la oficina de la ONU durante 2025 la dejaron con menos capacidad para vigilar y responder en las zonas más peligrosas.

Cuando se comparan los números, la continuidad es casi perfecta. En el cuatrienio 2018 a 2021, la ONU verificó 413 asesinatos: 115 en 2018, 108 en 2019, 90 en 2020 y 100 en 2021. Entre 2022 y 2025 sumó 410. La diferencia es de apenas tres casos en todo un cuatrienio. Esto muestra algo inquietante: que la violencia contra defensores de derechos humanos ha persistido sin cambios significativos bajo administraciones distintas.

La ONU ubica este problema en un contexto más amplio que comenzó después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Desde entonces ha habido un aumento gradual de los asesinatos, ligado en gran medida a la disputa entre grupos armados no estatales por territorios que antes controlaba la guerrilla de las FARC-EP. A esto se suma que el Estado ha tenido dificultades para consolidar una presencia fuerte y duradera en esas zonas. La violencia también está alimentada por economías criminales: narcotráfico, minería ilegal, tala sin control y trata de personas. Todo esto ocurre en medio de instituciones débiles, impunidad generalizada y corrupción.