El país vivió este domingo su jornada de elecciones presidenciales con un sistema de vigilancia sin precedentes. El Gobierno Nacional montó un Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento en tiempo real a todo lo que sucediera en los puestos de votación. Desde este centro, que funcionó con la colaboración de las 32 gobernaciones, organismos electorales, Fuerza Pública y entidades de control, las autoridades monitoreaban cada movimiento.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que este mecanismo permitiría responder de inmediato a cualquier problema que surgiera, ya fuera relacionado con orden público, movilidad, energía, clima o cualquier situación que pudiera afectar el proceso. "Desde el Ministerio del Interior hemos venido liderando la articulación de las distintas entidades del Estado para garantizar una jornada tranquila, una verdadera fiesta democrática", afirmó el funcionario.

El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que se instalaron más de 122.000 mesas de votación en todo el territorio nacional, un incremento de cerca de 20.000 respecto a hace cuatro años, superando el 20 por ciento de la capacidad anterior. Con esta infraestructura se buscaba atender a más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar. Durante las primeras horas de la jornada, la única novedad relevante ocurrió en Urrao, Antioquia, donde el mal tiempo retrasó temporalmente el transporte aéreo del material electoral, pero la situación se resolvió y el puesto de votación abrió normalmente.

En el frente de seguridad, el Ministerio de Defensa desplegó más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública en todo el país, acompañados por aeronaves, drones y sistemas antidrones para garantizar elecciones seguras y transparentes.

Sin embargo, no todo fue tranquilidad. La Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, conocida como URIEL, recibió 403 denuncias sobre posibles irregularidades electorales a lo largo de la jornada. Algunos de estos reportes llegaron desde el exterior, específicamente desde Estados Unidos, España, Canadá, Inglaterra y Argentina. Las conductas más frecuentemente reportadas fueron presunto constreñimiento al elector y participación en política por parte de servidores públicos. Según el Ministerio del Interior, "todos los casos están siendo verificados y remitidos a las entidades competentes para su respectiva investigación".