La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas esta semana al reportar 34 líderes sociales asesinados en lo que va del año. Aunque pueda parecer un número "pequeño" comparado con otras estadísticas de violencia, cada uno de estos casos representa a alguien que se atrevió a trabajar por su comunidad y pagó con su vida.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue clara en señalar que aunque las cifras han fluctuado en los últimos años, "el panorama sigue siendo alarmante". Para dimensionar la gravedad, basta recordar que en todo 2025 se contabilizaron 177 homicidios de este tipo. Estamos hablando de una violencia que no se detiene, que se renueva cada trimestre.

Lo preocupante es que esta violencia no está dispersa por todo el país. Se concentra en territorios específicos, lo que debería facilitar respuestas institucionales más rápidas y efectivas. Antioquia lidera con seis casos, seguido por Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Magdalena. En este último departamento, la Defensoría alertó sobre un deterioro notable de la seguridad. En La Guajira también hay víctimas, ligadas a la actividad de grupos armados ilegales.

Según el análisis de la entidad, detrás de esta escalada está la disputa territorial entre organizaciones criminales como el Clan del Golfo y otras estructuras ilegales. Esas peleas por territorio no son asuntos abstractos de criminales: impactan directamente a líderes comunitarios, defensores de derechos y activistas que trabajan en esas zonas.

La Defensoría reclama que se fortalezcan las acciones de protección específicamente en estos territorios golpeados. No basta con cifras y alertas: hace falta que el Estado presente estrategias reales para que quienes se atrevan a liderar en sus comunidades no tengan que temer por sus vidas.