Una de las imágenes más crudas de la justicia transicional ocurrió en Villavicencio cuando veintisiete exmilitares devolvieron las medallas que habían recibido por operaciones que resultaron ser asesinatos de civiles. En una audiencia de reconocimiento de verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, estos hombres que formaron parte de la Séptima Brigada del Ejército, el Batallón Batalla Pantano de Vargas y el Gaula Militar Meta aceptaron públicamente su responsabilidad en 209 muertes de personas sin participación en conflictos armados.

Los comparecientes reconocieron que entre 2002 y 2007 asesinaron civiles a quienes luego presentaban como integrantes de grupos armados neutralizados en combate. Diez de esas víctimas eran menores de edad. Además del homicidio, también aceptaron responsabilidad en 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio. Según la JEP, este fue un patrón sistemático: matar civiles indefensos y mostrarlos como éxitos operacionales para inflar indicadores militares y crear una apariencia de seguridad.

El capitán retirado Leonardy Alfonso Polo Sanabria fue directo en su reconocimiento. Expresó que una de sus condecoraciones le fue otorgada "por asesinar personas en estado de indefensión y no por cumplir con su deber". Sus palabras resumieron el peso de lo que se estaba reconociendo en esa sala: que el sistema mismo había premiado la muerte de civiles inocentes.

Entre los comparecientes estuvo el general retirado Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, quien comandó la Séptima Brigada desde finales de 2001 hasta 2003. La JEP imputó a 30 exmilitares en total por estos crímenes, pero 27 decidieron aceptar su responsabilidad. Esto contrasta con quienes no reconocieron cargos y pueden enfrentar procesos más largos con posibilidad de sanciones mayores si pierden en juicio.

El reconocimiento público es un paso determinante en la justicia transicional colombiana. En esta fase, quienes comparecen deben contar la verdad, asumir responsabilidad y responder a las víctimas. Después de lo ocurrido en Villavicencio, la JEP evaluará lo sucedido y avanzará hacia una resolución de conclusiones que servirá para definir las sanciones correspondientes.

Este caso forma parte de investigaciones más amplias sobre falsos positivos. En abril de 2026, la JEP actualizó el número de víctimas de este fenómeno a 7.837 personas entre 1990 y 2016, una cifra que podría seguir aumentando conforme avanzan las investigaciones en diferentes regiones del país.