Antes de marcar su tarjeta en las próximas elecciones al Congreso, va a tener una herramienta útil: la Fundación Paz y Reconciliación acaba de entregar un análisis detallado sobre 195 candidatos que presentan algún tipo de cuestionamiento. No son todos malos o todos buenos, pero sí son nombres que merecen atención porque tienen investigaciones abiertas, presuntos vínculos con clanes políticos o problemas en sus historiales disciplinarios.

La Fundación Pares revisó las 3.144 candidaturas inscritas para Senado, Cámara de Representantes y circunscripciones especiales, y llegó a una conclusión preocupante: la cooptación política por parte de candidatos problemáticos representa un riesgo real para la democracia. De esos 195 candidatos señalados, tres de cada cuatro son hombres. En cuanto a las corporaciones, hay 78 aspirantes a Senado, 111 a la Cámara y 6 en curules especiales para comunidades indígenas, afrodescendientes y de frontera.

Lo que salta a la vista es que los partidos tradicionales concentran el problema. El Partido Liberal trae 33 candidatos cuestionados, el Conservador 32, la U 29 y Cambio Radical 25. Entre estos cuatro partidos se juntan seis de cada diez candidatos problemáticos que Pares analizó. Parece que la vieja política no se va del todo, sino que se reinventa.

Pero hay algo más inquietante: de cada diez candidatos cuestionados, cuatro pertenecen o están muy cerca de clanes políticos, esos "grupos de poder regionales con nexos familiares y afinidades políticas, económicas y sociales" que según Pares, "tienden a concentrar cargos en alcaldías, gobernaciones, órganos de control, asambleas, concejos y en el mismo Congreso". Estos clanes tienen un talento especial para mutar: "sobreviven o se robustecen elección tras elección" cuando trasladan el poder de unos a otros, y además "se adaptan, se reconfiguran y hacen crecer sus patrimonios por medio del asocio del Estado con sus propias empresas" en lo que Pares llama una dinámica "político-clientelar".

En la Costa Atlántica y el interior del país hay nombres conocidos. El clan Char del Atlántico aparece con cinco candidatos al Senado y otros cinco para la Cámara. También están el grupo vinculado al exsenador Musa Besaile, que fue investigado y condenado por presuntas relaciones con el Cartel de la Toga, el grupo de 'Ñoño Elías' en Córdoba, y otros como los Pineda-García. Para la Cámara, desde Antioquia llegan los Suárez Mira con tres candidaturas, y desde Santander el clan Díaz Mateus (que actualmente está en la Gobernación) con dos. Los Hurtado del Tolima aparecen como lo que Pares describe como un clan "emergente".

Geográficamente, el problema no está concentrado en una sola región. Los candidatos cuestionados se dispersan en 28 departamentos más Bogotá, casi todo el territorio nacional. Sin embargo, hay seis zonas que concentran casi la mitad de los problemas: Antioquia, Atlántico y Santander tienen nueve candidatos cuestionados cada una para la Cámara, mientras Bolívar y Cesar tienen ocho, y Bogotá siete. Eso sí: vale recordar que aunque 195 candidatos tienen cuestionamientos, la mayoría de los inscritos no los tienen. Pero la proporción sigue siendo importante, y Pares considera que esto representa una amenaza para la calidad de la democracia en el país.